Con estos nuevos rechazos, ese tribunal suma quince negativas a la aplicación del precedente “Muiña” de la Corte Suprema. Estos últimos cinco se resolvieron con la mayoría integrada por Pablo Vega y Germán Castelli, y con la disidencia de Alejandro Esmoris, que entiende aplicable el beneficio.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata rechazó, por mayoría, otras cinco presentaciones de personas condenadas por crímenes de lesa humanidad en diferentes causas, que pidieron la excarcelación en base a la aplicación del cómputo privilegiado del 2×1 para el período en que estuvieron detenidos en prisión preventiva, tal como lo hizo la Corte Suprema de Justicia el 3 de mayo pasado con el represor Luis Muiña. Con estas últimas resoluciones, suman quince los rechazos de este tribunal tras la lluvia de pedidos que provocó el reciente fallo de la Corte.

En efecto, el TOCF 1 volvió a rechazar -por segunda vez en dos meses- el pedido en el mismo sentido del chofer de Miguel Etchecolatz, Hugo Guallama, condenado a prisión perpetua por su participación en el ataque a la casa Mariani-Teruggi en 1976, donde fueron asesinados sus ocupantes y sustraida la beba -aún desaparecida- Clara Anahí Mariani. Los jueces habían rechazado en marzo pasado un pedido similar del represor, pero su defensa volvió a reclamarlo luego de conocido el antecedente de la Corte.

Los otros rechazos del tribunal fueron para el excomisario de la Brigada de Investigaciones de La Plata, Pedro Antonio Ferriole, y para el exoficial de la misma repartición, Jorge Daniel Lencinas, ambos condenados en 2012 a 11 y 14 años de prisión, respectivamente, en el marco de la denominada causa “Circuito Camps” -por los centros clandestinos de detención que funcionaron en la capital bonaerense-, la misma en la que fue condenado Guallama. También fue rechazado el pedido de María Mercedes Elichalt, condenada el 12 de julio de 2013 a diez años de prisión por apropiarse de la primera nieta recuperada nacida en cautiverio, Elena Gallinari Abinet, y el ex suboficial de la policía bonaernese en Junín, Miguel Ángel Almirón, condenado en 2015 a 18 años de prisión. Ninguna de esa penas se encuentra firme.