Un juez porteño ordenó la suspensión de todo proceso de licitación relacionado con el servicio de parquímetros y de acarreo, luego de hacer lugar a un recurso de amparo que pide la nulidad de una ley impulsada por el Gobierno de la Ciudad.

La decisión fue tomada por el magistrado Francisco Ferrer, del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°23, quien convalidó el recurso de amparo presentado por el legislador porteño  Gustavo Vera consideró “irregular” el procedimiento parlamentario con el que se votó la ley 5728 el pasado 1° de diciembre.

“La ley estuvo mal sancionada, por lo que debería ser nula”, sostuvo a La Nación el asesor de Vera, Gustavo Desplats. Argumentó que la norma debería haberse aprobado por dos tercios de la cámara y aseguró que es ilegal la cesión de diez espacios públicos para las playas de acarreo.

“Esos espacios figuran como zonas de urbanización parque, por lo que no permiten que las pisen autos. Entonces, con esta ley, se está modificando de facto y con un trámite parlamentario inadecuado el Código de Planeamiento Urbano”, denunció Desplats.

Desde el Gobierno de la Ciudad anticiparon que van a apelar el fallo y explicaron porque no es inconstitucional:  “no está previsto el procedimiento de doble lectura en la Constitución de la ciudad para estos casos. No se está concesionando o afectando un bien de dominio público, sino directamente concesionando un servicio público de control y regulación del tránsito”.