El presidente de la Nación nominó a Daniel Rafecas como procurador, pero varios sectores del Gobierno se oponen a su nombramiento. Por Lorena Maciel
La postergación del debate sobre la Nueva Ley del Ministerio Público fiscal quedó eclipsada por el aumento de casos de COVID-19, los 9 días de confinamiento y el cepo a la carne. Pero eso no significa que el tema esté cerrado y mucho menos que el oficialismo acepte que tiene que modificar algunos puntos polémicos para lograr su aprobación.
Todo lo contrario. El proyecto de ley está más latente que nunca. En algún momento de distracción, el oficialismo juntará los 4 o 5 votos que le faltan para lograr su aprobación y podría aprobarse tal como se planificó desde el comienzo.
Cristina Kirchner no es una persona que se rinde fácil, mucho menos sus fieles seguidores. Uno de ellos es ni más ni menos que el flamante ministro de Justicia, Martín Soria.
Desde su nombramiento a fines de abril, Soria se sumó al ataque kirchnerista hacia el poder Judicial y dejó en claro que sus objetivos principales eran “la lucha contra lawfare, contra las operaciones judiciales y la necesidad de reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal”. Hizo bien los deberes: habló con todos las partes involucradas, buscó consensos y prometió hasta lo que no tenía. Así y todo no logró juntar los porotos para cumplir con el sueño de la vicepresidenta de reformar al poder judicial y desplazar al Procurador General interino Eduardo Casal.
La oposición respira pero intranquila. Saben que por ahora el oficialismo no tiene los votos, pero eso podría cambiar de un momento a otro.
En diálogo con TN.com.ar el diputado de Juntos por el Cambio y vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales Gustavo Menna, manifestó: “Si bien hoy no tienen los votos, ellos van por todo. Intentarán conseguirlos como sea. Nos corren con la vaina diciendo que tienen el tema cerrado, pero no es así. El ministro Soria siempre quiso confundir: vendió que tenía el acuerdo de los fiscales, de los jueces y también operó diciendo que tenía el acuerdo con algunos de nuestros legisladores lo cual no es cierto”.
Menna es un hábil intérprete de aquello que se puede discutir en Comisión y lo que realmente se pone en juego a la hora de debatir en la Cámara baja: “Llevar al recinto la ley es una cosa muy distinta a lo que se pueda decir en las comisiones porque ahí lo único que juegan son los votos, y el oficialismo precisa el apoyo de muchos bloques que ya se manifestaron en contra”.
También aseguró que “si bien es cierto que les faltan 4 o 5 votos, no creo que en este contexto y con las PASO por delante sea un momento propicio para conseguir adhesiones para un proyecto tan polémico que tiene el rechazo en el ámbito de la justicia, de organizaciones de sociedad civil, y de la sociedad en general”.
En diálogo con TN.com.ar, el Presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios de la Nación (AFFUN) Carlos Rívolo, coincidió con el diputado Menna en la dificultad que hoy presenta el proyecto para ser aprobado: “Hay innumerables actores del sector académico y judicial que marcaron sus posturas contrariaras al proyecto y los fiscales además sienten una profunda desazón porque entienden que se les da más poder y responsabilidad con el sistema acusatorio, pero al mismo tiempo los deja más vulnerables frente a aquellos que deben investigar”. Políticos, gobiernos, narcotraficantes, etc.
-¿Sigue pensando que el actual proyecto es un “pelotón de fusilamiento”?
Aquella frase sirvió para visualizar a un Tribunal (de Enjuiciamiento) que drásticamente cambiaba su composición (por el agregado de un miembro más de la política) y la ausencia de sesionar en pleno, lo cual deja en un estado de vulnerabilidad a los fiscales ya que con menos votos se los puede suspender o desplazar.
Traducción: Rívolo explica que con la ley actual un fiscal precisa los 7 votos (en pleno) del tribunal de Enjuiciamiento para que lo saquen de su puesto, pero con la nueva ley no solo se agrega un integrante político más sino que con menos votos se lo puede desplazar ya que con 4 votos es suficiente. Conclusión: el poder político de turno tiene más chances para quitar del medio a un fiscal molesto que investigue algún negociado del poder de turno.
Puede resultar una obviedad, pero es importante no olvidar que en esta nueva ley se está intentando regular ni más ni menos que la actividad de los fiscales que investigan el desempeño de los gobernantes y funcionarios políticos y delitos como corrupción, abuso de poder, lavado de dinero, asociación ilícita, narcotráfico, trata de personas y otros muy sensibles para una Nación y sobre todo para aquellos gobiernos que quieren tener cierta impunidad garantizada.
En definitiva, sin decirlo textualmente, pero mostrándose seriamente preocupado, el representante de los fiscales mantiene la idea que el actual proyecto de Reforma Judicial, tal como está, sigue siendo un pelotón de fusilamiento.
– ¿Cuáles son los cambios que para ustedes si o si deben hacerse al proyecto que ya tiene media sanción del Senado?
– Hemos propuesto hacer una nueva ley, respetando la autonomía e independencia del art. 120 de la Constitución Nacional, con perspectiva de federalismo, género e igualdad. Que contemple que estos principios para la instauración del sistema acusatorio en el orden penal y la oralidad en el área de derecho privado. Es decir a mayor responsabilidad mayor protección en la función de los fiscales y con un control técnico de su gestión.
– ¿Cree que Rafecas sería un buen procurador? Que su pliego no se haya considerado por 15 meses, ¿es un problema más político que jurídico?
– A título personal he señalado que sería un buen procurador. Mi lectura es objetiva. La política debe resolver su falta de destreza, para nombrar un procurador definitivo. De momento el Presidente ha nominado al Dr. Rafecas y la oposición su voluntad de acompañar. No debería tomar mucho tiempo la resolución”.
En este punto el fiscal Rívolo dio en la tecla respecto a otro de los factores que dejaron en el limbo la Reforma del Ministerio Público. Y esa tecla tiene nombre y apellido: Daniel Rafecas, el candidato de Alberto Fernández, el alumno perfecto del ex procurador Esteban Righi. El juez con miles de adhesiones a su favor cuyo nombramiento como nuevo Procurador no hubiera tardado más que una sesión de un par de horas. ¿Pero qué pasó entonces? El fuego interno. Eso. La lucha cada vez más virulenta entre las distintas facciones del propio Gobierno.
El Candidato de Alberto para la Procuración General de la Nación no es de confianza para Cristina Fernández. No es un funcionario que tiraría por la borda décadas de carrera judicial para beneficiar al poder de turno.
Rafecas no sirve para el kirchnerismo, no sería garantía de impunidad. ¿Será eso acaso lo que se está buscando en la Reforma del Ministerio Público Fiscal?
El tiempo dirá si la transparencia y la división de poderes sigue siendo, además de un legado de la Constitución, un mandato ético y moral del gobierno y los legisladores.
