El juez Casanello llamó a indagatoria al represor Jorge Radice y a su hermana Norma Berta. También están acusados de haber generado un entramado societario, con ramificaciones en paraísos fiscales, para que se perdiera el rastro de su origen de los bienes.
En la causa por los bienes robados a las víctimas que pasaron por la cárcel clandestina de la exESMA en la última dictadura cívico-militar, el juez federal Sebastián Casanello citó a indagatoria al exmarino condenado por delitos de lesa humanidad Jorge Radice y a su hermana Norma por presunto “lavado de activos”.
En su dictamen, el fiscal Eduardo Taiano, sostiene que de los análisis de documentación hechos en la causa surgió que la evolución patrimonial de los imputados “se explicaría a la luz de las ganancias ilícitas obtenidas por el exintegrante del centro clandestino de detención que funcionó en la exESMA, y que tuvo dentro de sus objetivos desapoderar a los allí cautivos de bienes de alta significación económica”.
“El análisis de la documentación e información obrante en autos, realizado por las unidades especializadas de mención, reveló la existencia de una estrecha relación entre 14 personas jurídicas, sus composiciones societarias, y vínculos con personas físicas de interés ya sea por pertenecer a la familia Radice, como por estar vinculados a la estructura de apropiación montada en el centro clandestino de detención que funcionó en la ex ESMA”, sostuvo Casanello.
En la resolución a la que accedió Télam, el juez recordó que en esta investigación, iniciada el 5 de septiembre de 2007, se tuvo por probado el desapoderamiento de bienes sufrido por personas que permanecieron clandestinamente detenidas en la Escuela de Mecánica de la Armada, durante el período de gobierno de facto comprendido entre los años 1976 y 1983.
Detalló que a esas personas en algunos casos se las obligaba a suscribir documentos en blanco y/o poderes, a efectos de despojarlas de los inmuebles, o directamente se les quitaba el producido de ventas forzadas, sumas de dinero en efectivo, autos y otra cantidad diversa de bienes muebles.
Como consecuencia de los hechos probados en este legajo, Jorge Carlos «Ruger» Radice, Jorge Eduardo «Tigre» Acosta, Ricardo Miguel «Sérpico» Cavallo y Carlos José «León» Pazo -fallecido-, fueron procesados en distintos momentos y pronunciamientos, por haber sido considerados, según el caso, organizador e integrantes de una asociación ilícita que actuaba de manera sistemática, coordinada y permanente, destinada a cometer diversos delitos, durante el período que se desempeñaron como integrantes de la unidad de tareas 3.3.2.
