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Tras la renuncia de Highton en la Corte Suprema, Alberto Fernández deberá proponer un nuevo juez: cómo es el procedimiento

La salida de la jueza abrirá un procedimiento para ocupar el lugar vacante, el cual debe ser propuesto desde el Poder Ejecutivo con el aval de al menos dos tercios del Senado de la Nación.


Tras la renuncia de Elena Highton a la Corte Suprema de Justicia que dejó una vacante, el mismo presidente Alberto Fernández será quien deba elegir el nombre para su reemplazo y luego tendrá que ser aprobado por el Senado con una mayoría especial que el oficialismo, por el momento, no tiene.

La Constitución Nacional establece, en su artículo 99 inciso 4, que el Presidente de la Nación “nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto”. De esta manera, Fernández tendrá que buscar a un candidato o candidata para el cargo que Highton dejará en noviembre próximo y enviar su pliego a la Cámara alta que preside Cristina Kirchner, para que lo trate, en primer término, la Comisión de Acuerdos.

Cómo será la elección

* Regulado por el decreto 222/2003, indica que “una vez producida la vacante” el Ejecutivo tiene un “plazo máximo de 30 días” para publicar en el Boletín Oficial y en por lo menos dos diarios de circulación nacional, durante tres días, el nombre y los antecedentes curriculares de la persona en consideración para el cargo.

* Tras esa publicación, ciudadanos, organizaciones no gubernamentales, colegios y asociaciones profesionales, entre otras entidades, tienen 15 días para presentar ante el Ministerio de Justicia sus apoyos o impugnaciones fundadas frente al candidato considerado para el cargo.

* Concluido ese período, se abre un nuevo plazo de 15 días para que el Poder Ejecutivo decida si eleva o no el pliego al Senado para su tratamiento y, en caso de que lo envíe, la Comisión de Acuerdos deberá activar el mismo procedimiento: publicación del nombre del candidato y sus antecedentes en diarios de circulación nacional y un plazo de 15 días para recibir observaciones.

* Ese cuerpo parlamentario que actualmente encabeza la mendocina Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos) deberá convocar a una audiencia pública para que el candidato propuesto por el Presidente defienda su postulación y responda preguntas de los senadores nacionales.

* Si obtiene dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos, el pliego pasa a ser tratado por el pleno del Senado en el recinto, donde se requiere de una mayoría agravada de dos tercios de los presentes, un total de 48 votos si asisten los 72 senadores que componen a la Cámara alta.

Actualmente la bancada oficialista no alcanza ese número, dado que tiene 41 bancas y, para llegar a los dos tercios, necesitaría que se ausente parte de la oposición, pero además, si los resultados de las elecciones primarias se repitieran en las legislativas de noviembre, quedaría todavía más lejos, con unos 35 votos propios.

Por esta razón, la designación de un juez de la Corte Suprema requiere de un consenso significativo entre las distintas fuerzas políticas.

Por su parte, tras conocerse la renuncia de la magistrada, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez consideró que quien la reemplace debe ser una mujer, y argumentó que esta incorporación debe resolverse con la nueva composición del Senado que surja de las elecciones legislativas de noviembre.

No hay ninguna duda de que ésta vacante en la Corte tiene que ser cubierta por una mujer. De hecho, el decreto por el cual Néstor Kirchner se autolimitó en su momento en la designación de jueces de la Corte aludía justamente a la diversidad de género”, indicó.