Luego de que el presidente Alberto Fernández relevara del secreto y la confidencialidad al líder del PRO, el expresidente deberá concurrir al Juzgado de Dolores el próximo miércoles a las 12. Podrían dictar el procesamiento antes de las elecciones legislativas.
Tras la fallida indagatoria del expresidente Mauricio Macri, el juez subrogante de Dolores, Martín Bava, fijó una nueva fecha de citación en la causa que investiga el espionaje ilegal sobre familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan.
Ayer, el presidente Alberto Fernández firmó el decreto y relevó del secreto y la confidencialidad al líder del PRO, por lo que ahora, el magistrado convocó al exdirigente de Boca para que presente nuevamente ante la Justicia el próximo miércoles 3 de noviembre a las 12.
La declaración del exmandatario estaba prevista para el día de ayer pero fue suspendida: una vez que llegó al juzgado el magistrado alertó que Macri no podía declarar porque no estaba relevado del secreto de Estado.
Frente a ese panorama, el abogado del fundador del PRO, Pablo Lanusse, señaló que la suspensión fue por un error del juzgado. “Es un acto bochornoso. Todo esto es tristemente un show”, dijo ante la prensa.
El expresidente entró minutos antes de las 12 al juzgado federal de Dolores, donde estuvo frente al magistrado subrogante Martín Bava, y se retiró poco después de las 13 tras la suspensión de la audiencia.
Consultado del por qué de la suspensión dijo: “El juez nos convocó sabiendo que había un error del juzgado porque no tiene el secreto de inteligencia. La audiencia empezó a las 12.25 con la lectura de las imputaciones y luego de eso nos hicieron saber que no había un secreto de inteligencia. Macri va a seguir estando al disposición de la Justicia”.
Mauricio Macri está imputado por supuestas maniobras de espionaje ilegal que, de acuerdo con la investigación judicial, habrían tenido por objetivo monitorear las actividades de las organizaciones de familiares de las víctimas del hundimiento del ARA San Juan “desde la perspectiva de la afectación a la imagen de la gestión de Gobierno”.
Se lo acusa de haber ordenado y posibilitado, entre diciembre de 2017 y finales del 2018, “la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25520 y sus modificatorias, consistentes en la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de Derechos Humanos”.
