El extitular del SOEME reclama un resarcimiento de 22 millones de dólares por dos aviones privados que se le confiscó. El sindicalista está detenido en el país vecino condenado por lavado de activos, contrabando y tráfico de armas.
El exsecretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME), Marcelo Balcedo, inició un juicio contra la Justicia de Uruguay luego de que le confiscaran dos aviones privados y alegar que le hicieron perder “un negocio multimillonario”.
El sindicalista, que está en el país vecino cumpliendo un acuerdo judicial por una causa por lavado de dinero, reclama un resarcimiento por 22 millones de dólares.
Según detalló el sindicalista, el Estado uruguayo le retuvo injustificadamente un Learjet 60 y un Gulfstream IV, esta última una moderna aeronave capaz de realizar vuelos de largo alcance, cuando fue detenido por una causa en Argentina.
Según informó ámbito.com, Balcedo asegura que las aeronaves habían sido compradas a través de contratos de leasing por 6 millones de dólares, y que al momento de la detención estaban vigentes, pagándose producto de su alquiler, ofrecimiento de vuelos privados con contratos de servicios, y que además tenían patente “November”, de los Estados Unidos.
El Gulfstream IV fue retenido en Uruguay aun sabiendo que no se puede retener una aeronave extranjera si están bajo un leasing, sostuvo Balcedo. Por lo que ambas estaban alquiladas con opción a compra, como suele ocurrir en los negocios aeronáuticos a nivel mundial.
Además, explicó que dentro de ese leasing estaba diagramado y garantizado un plan de negocios con contratos a largo plazo que hacían viable el negocio.
Al momento de la detención de Balcedo, por el avión Gulfstream IV ya se habían pagado unos 3 millones de dólares, y como resultado de la retención indebida de los aviones, que no tenían nada que ver ni con Argentina ni con Uruguay, ya que era un negocio operativo en Estados Unidos y ajeno totalmente a toda la situación judicial, se cayeron los contratos establecidos, con un perjuicio millonario para sus dueños anteriores.
Según Balcedo, “este juicio cae ahora contra el Estado uruguayo, gobernado por el actual presidente Luis Lacalle Pou, quien no tuvo ningún tipo de responsabilidad sobre este asunto, pero el gobierno anterior y éste son la continuidad del Estado lamentablemente, y alguien tiene que responder”.
El juicio se inició contra la fiscalía uruguaya y comprende a todos los fiscales que actuaron en la causa Balcedo, además de Jorge Díaz, el ex fiscal general de la Nación y jefe de todos los fiscales orientales quien, sospecha Balcedo, posee una antipatía personal y política contra él.
