Es por una deuda de 2019 relacionada con Bienes Personales. La pena por este tipo de delitos va de los tres años y medio a nueve años de prisión.
La Administración Federal de Ingresos Públicos denunció a Susana Giménez por una presunta evasión fiscal. La acusación tiene como base las supuestas omisiones en su declaración jurada de Bienes Personales durante 2019. La deuda reclamada asciende a 50 millones de pesos.
La conductora rechazó el monto exigido al ser notificada y sostuvo que no hizo «ninguna declaración engañosa» ni defraudó al Fisco. Además, aseguró que el impuesto es «confiscatorio».
Cesar Litvin, contador y abogado de SG, brindó declaraciones al medio Infobae y expresó: «Acá no hubo ningún engaño. Se trata de la judicialización de un impuesto que es confiscatorio y que afecta el derecho de propiedad protegido por la Constitución Nacional. Desde nuestro punto de vista no existe delito, no existe dolo. Pero además la Corte Suprema ya tiene dicho que cuando un impuesto es confiscatorio, afecta el derecho de propiedad. Y eso es lo que ocurrió en este caso».
La denuncia fue realizada el jueves pasado en los tribunales del fuero en lo penal económico. Según informó dicho medio, allí se denunció a la diva y a quienes puedan haber sido «coautores, cómplices, encubridores o instigadores» de los hechos cometidos.
«Susana debería desprenderse de una parte de los ahorros de toda su vida capital para poder afrontar el pago del gravamen», señalaron. Por su parte, se cuestionó también la tasa agravada para los bienes en el exterior.
En el descargo ante la AFIP, Giménez rechazó haber mentido en su declaración jurada o haber defraudado al Estado. Pero la AFIP rechazó estas explicaciones y avanzó con la denuncia penal, en la que recordó que «el Régimen Penal Tributario establecido en el artículo 279 de la Ley 27.430 prevé en su artículo 1º la pena privativa de libertad para aquellos sujetos que evadan fraudulentamente el pago de los tributos nacionales, siempre que el monto evadido exceda la suma de un millón quinientos mil pesos por cada tributo y por cada ejercicio anual». La pena va de los tres años y medio a nueve años de prisión.
