Parte de la reforma impositiva impulsada por el Gobierno y aprobada durante diciembre resultó un alivio para la situación judicial del empresario K.
El juez en lo Penal Económico Ezequiel Berón de Astrada sobreseyó parcialmente a Lázaro Báez, dos de sus hijos y otros acusados por no pagar los aportes previsionales de sus empleados de Austral Construcciones.
El fallo se basó en los cambios que introdujo la Reforma Tributaria impulsada por Cambiemos a fin de 2017. Parte de esta nueva normativa actualizó los montos y los días hábiles en los que los empresarios están obligados a depositar los aportes patronales de sus empleados.
El régimen penal tributario establecía que era delito cuando los aportes no se depositaban dentro de los 10 días hábiles administrativos o cuando el monto evadido era superior a 5.000 pesos por período. El monto para considerar delito se elevó a 100.000 pesos, mientras que los días hábiles se extendieron hasta 30.
Por este motivo, varios de los períodos por los cuales Báez estaba acusado ya no revisten un delito penal. La Justicia está obligada a juzgar en cualquier caso con la ley más benigna, aún cuando ésta fuese puesta en funcionamiento después de la concreción del delito o incluso del comienzo de la causa penal.
«Considero que la salida procesal es estimar que esta modificación se erige como una excusa absolutoria, entendida ésta como hechos que constituyen verdaderos delitos sin pena. Se trata de situaciones en las cuales la ley generalmente por motivos de utilidad pública y política criminal, considera preferible prescindir de la pena por razones especialísimas», explicó el juez.
El monto de la evasión alcanza los $33.433.388,37, según los cálculos de Berón de Astrada y la denuncia que en 2016 había presentado la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). En este nuevo fallo, Leandro y Luciana Báez fueron sobreseídos definitivamente.
Continuarán siendo juzgados Lázaro, Melina y Martín Báez; el contador Jorge Chueco; el presidente de Austral, Julio Mendoza y otras 12 personas que fueron presidentes o formaron parte de cargos ejecutivos en las compañías del santacruceño.
Todos ellos están acusados del delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social, que tiene una pena de dos a seis años de prisión, continúa bajo la misma pena en la reforma.
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