La letrada no descartó que las mismas personas operen en otros clubes o en el fútbol amateur.
La fiscal María Soledad Garibaldi, titular de la UFI 4 de Avellaneda que lleva adelante la denuncia por los abusos sexuales de menores en una pensión de Independiente, advirtió que “es una práctica que lleva por lo menos 10 años” y apuntó a que no sólo se les ofrecía dinero a las víctimas sino que también el cambio por la prostitución podía ser “un par de botines o boxers”
En este marco, la letrada dijo estar segura de que “esto no ocurre sólo” en el “Rojo” sino que “se tiene que haber replicado en otros clubes”. “Es factible que estos mismos personajes estén operando en los demás pensionados o en el fútbol amateur”, afirmó en declaraciones a radio La Red.
Respecto al principal acusado, el árbitro Martín Bustos, la fiscal confirmó que tanto él como su abogado “se negaron a declarar” y que su defensor fue imputado por “encubrimiento agravado por haber destruido el teléfono celular del árbitro para ocultar pruebas y un arma también rota”.
La letrada señaló en conversación con Radio Mitre que los procedimientos se hicieron en operativos cerrojos que “tuvieron lugar en la zona Norte del Gran Buenos Aires” al tiempo que en los mismos “una testigo confirmó que el abogado de Bustos le pidió un martillo para proceder a la destrucción del TE celular y un arma”
Garibaldi ya tomó testimonio de cinco de los 60 chicos que viven en la pensión. Uno de ellos, declaró que las personas que los sometían les ofrecía prostituirse “por botines y hasta por calzoncillos boxer” porque “obviamente estos adultos sabían de la necesidad de estos chicos que mayormente vienen del interior, sin contención y con necesidades económicas importantes y por esas cosas eran sometidos”.
De los cinco entrevistados, tres aportaron información de que esto sucedía aunque no fueran abusados. “Uno me contó que lo contactaron por el messenger de Facebook para sugerirle este tipo de actividades, pero él, como estaba al tanto de que esto sucedía, supo escapar”.
Por el momento, la funcionaria advirtió que prefiere todavía no hablar de una red de trata ya que todavía la causa está en investigación y no se sabe “donde termina”, aunque no descartó una organización criminal de este tipo.
Además, contó que desde que los gravísimos hechos trascendieron y desde que se conocieron los nombres de las seis personas sospechosas “ninguna de las personas implicadas está o estaban en sus domicilios” y consideró que tal actitud es “un indicio bastante importante de la autoría
