Desde la Federación Argentina de la Magistratura explicaron que los ingresos de los jueces federales no coinciden con lo que ganan jueces de otras provincias.
El proyecto de ley que modifica los regímenes especiales de jubilaciones para jueces, fiscales y funcionarios ligados al área de Justicia y que provocó resistencia por parte de la Asociación de Magistrados y del gremio de empleados judiciales, tiene su día clave hoy en la Cámara de Diputados, en la comisión de Previsión Social que está directamente involucrada en la temática y sesiona junto con la Comisión de Presupuesto. Mañana sería tratado en el recinto.
El proyecto generó rechazo desde diferentes sectores. Algunos consideran que la iniciativa es violatoria de la independencia judicial e inconstitucional. Es que esta ley nacional destinada a reducir lo que cobran los jueces federales y nacionales de los fondos de la Anses afecta a los jueces provinciales: hay 11 provincias que, en diferentes épocas desde la década del 90, transfirieron sus cajas de jubilaciones provinciales al Estado nacional.
De esta manera, los jueces de la ciudad de Buenos Aires y las provincias de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Santiago del Estero, San Luis, Tucumán, San Juan y Salta cobran jubilaciones de la Anses y verán afectados sus ingresos.
Kevin Lehmann, asesor de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), explicó que de acuerdo a lo que se habla de los ingresos de los jueces federales no coincide con lo que ganan los jueces de otras provincias. “Claramente esto no es de privilegio porque es un sistema de aportes distintos”, señaló en diálogo con serajustcia.net.
Los jueces de la ciudad de Buenos Aires y las provincias de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Santiago del Estero, San Luis, Tucumán, San Juan y Salta cobran jubilaciones de la Anses y verán afectados sus ingresos. “Sus sueldos no son los de los jueces federales y nacionales”, agregó y pidió hacer una discusión “técnica y racional desde la realidad de las provincias”.
En un comunicado, la FAM sostuvieron que la elaboración del proyecto del Gobierno no se tuvo en cuenta las situaciones de los poderes judiciales de las provincias ni a la FAM, “única legitimada para representar los intereses de los más de 15.700 funcionarios y magistrados que la componen”.
Además, en la misma declaración precisaron que el proyecto es “especialmente perjudicial para las mujeres juezas y funcionarias” y argumentaron que existe una “mirada sesgada” hacia las mujeres que ahora deberían jubilarse a los 65 años, en lugar de a los 60, cuando encima “se han visto sometidas a innumerables restricciones en sus carreras profesionales”. Así se busca eliminar “la única compensación estructural a esa discriminación”, añadieron.
Por otra parte, el secretario general del gremio judicial Julio Piumato, considera que el régimen especial con el que se jubilan los jueces se extienda también a los empleados judiciales.
En un proyecto presentado por el gremio sostiene que eso “permitirá el ingreso de una importante cantidad de aportes adicionales al sistema, de modo tal de contribuir al financiamiento de las jubilaciones que se pagan en la actualidad”.
En diálogo con La Nación, Piumato sostuvo: “La Corte tiene que preocuparse. Es la cabeza del Poder Judicial y no hemos visto ninguna acción concreta de la Corte en este aspecto”.
Con la consigna “En defensa de una jubilación igualitaria”, el gremio convocó para este jueves, a partir de las 10, a un cese de actividades y una concentración frente al Palacio de Justicia.
