Los jefes distritales deberán garantizar que los productos mantengan los valores máximos de principios de marzo.
A través de decreto 351/2020, el Gobierno nacional le otorgó a los intendentes de todo el país el control y la fiscalización de precios buscando evitar aumentos indiscriminados, como los que se produjeron apenas anunciado el aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus.
El documento, publicado este jueves en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas y el de Interior Eduardo de Pedro señaló: “Dada la situación de emergencia sanitaria que tiene lugar en nuestro país como consecuencia del brote del nuevo Coronavirus SARS-CoV-2, resulta necesaria la adopción de nuevas medidas que se sumen a las ya adoptadas, garantizando a la población el acceso a ciertos bienes esenciales que satisfagan, en este particular y excepcional contexto, necesidades básicas vinculadas al bienestar general”.
El decreto busca garantizar el cumplimiento de la aplicación de los precios máximos que dispuso el gobierno y le da el poder de “policía” a los intendentes para ese cumplimiento.
Por eso, el Gobierno decidió convocar a “los intendentes e intendentas de todos los municipios del país a realizar, en forma concurrente con la Nación, la fiscalización y control del cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Resolución de la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo”.
Asimismo, se convoca a los gobernadores y al jefe de gobierno porteño «a realizar el control y juzgamiento de las disposiciones establecidas en la Resolución de la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo» y a que coordinen el mencionado trabajo con los intendentes.
Deberán garantizar que los pequeños comercios cumplan con la exigencia de retrotraer los precios máximos de 2300 productos a los vigentes el 6 de marzo, tres días de que se detectara el primer infectado por el virus en el país.
Los intendentes tendrán a su disposición el artículo 12 de la Ley de Abastecimiento, que establece la posibilidad de “requerir el auxilio de la fuerza pública, realizar allanamientos, secuestrar libros, intervenir la mercadería en infracción y clausurar de forma preventiva por tres días los locales, con posibilidad de prorrogarlos a treinta”.
También estarán habilitados a denunciar a los presuntos infractores para que “concurran a prestar o ampliar declaración y podrá citarse a las personas perjudicadas por una infracción o a los testigos presenciales de la misma, incluyendo a quienes se negaren a suscribir como tales el acta correspondiente”.
