Casal deberá exponer sobre el funcionamiento del Ministerio Público y la forma de elección a ese cargo, entre otras. La audiencia se dará en medio de la polémica donde el oficialismo pretende que se aparte porque no cuenta con los dos tercios para votar su juicio político.
El procurador interino Eduardo Casal se presentará hoy ante el Consejo Asesor convocados por Alberto Fernández para exponer sobre el funcionamiento del Ministerio Público, la forma de elección a ese cargo y la posibilidad de ponerle límites a su duración.
La audiencia se dará en medio de la polémica donde el oficialismo pretende que se aparte porque no cuenta con los dos tercios para votar su juicio político.
El Ministerio Público es el primer tema de la agenda de la comisión y comenzó a ser debatido el sábado pasado donde se hizo “un diagnóstico” sobre cómo funciona y la posibilidad de limitar los tiempos de mandato del procurador y la forma de elección. La posibilidad que se manejó fue que ese cargo sea elegido por mayoría simple.
Otro de los puntos que el Ejecutivo pidió analizar en la comisión es la duración del mandato del jefe de los fiscales. De acuerdo a la ley actual, el procurador goza de estabilidad en ese puesto “mientras dure su buena conducta y hasta los setenta y cinco años de edad”, con la posibilidad de que se prolongue su permanencia en el puesto, por cinco años, con acuerdo del Senado (como un nuevo nombramiento).
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Además, también se debe evaluar la posibilidad de incorporar en su estructura la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera (UIF), dos organismos que dependen del Ejecutivo y actúan como querellas autónomas en diferentes causas de corrupción.
Casal hasta ahora no fue invitado al Congreso para exponer sobre la reforma judicial. En reuniones reservadas, el procurador interino habría planteado que la reforma no le otorga herramientas al Ministerio Público Fiscal para investigar con autonomía.
En ese sentido, lamentó que no esté prevista la creación de un cuerpo de investigaciones especializado (policía judicial), para que los fiscales no sigan dependiendo de las fuerzas de seguridad nacionales.
