Para el organismo de derechos humanos, el Gobierno de Gildo Insfrán comete medidas “abusivas e insalubres” para prevenir la propagación del Covid-19. Advierte que miles de personas permanecieron “hacinadas”.
La organización de derechos humanos Human Rights Watch y la Universidad Johns Hopkins presentaron un duro informe contra el Gobierno de Gildo Insfrán en Formosa acusándolo de usar “medidas frecuentemente abusivas e insalubres” para prevenir la propagación del coronavirus, restringir la libertad de prensa, y forzar a personas a permanecer confinadas, hacinadas, en condiciones que podrían considerarse como “detenciones arbirtrarias”.
La exposición de ambos organismos que fue difundida en Washington, sostiene que el Gobierno formoseño habría “empleado excesivamente la fuerza contra quienes protestaban por las medidas relacionadas con el Covid-19 y, durante meses limitaron severamente la posibilidad de la población de la ciudad de Clorinda de trasladarse y acceder a atención médica”.
El trabajo indica que desde abril de 2020, más de 24.000 personas “han sido obligadas a permanecer confinadas en centros de aislamiento y cuarentena en Formosa”, algunas por períodos mayores a los 14 días que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) y, en muchos casos, bajo circunstancias que podrían considerarse “detenciones arbitrarias”.
El Gobierno de Formosa, mantuvo a algunas personas con resultados positivos de Covid-19 junto con otras que tenían resultados negativos o que seguían esperando los resultados de sus exámenes. Y agrega que en ocasiones, “el hacinamiento y las condiciones insalubres en los centros han dificultado el distanciamiento social”, y las autoridades no brindaron atención médica adecuada.
Por otra parte, también se analizó la actuación del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla.
Tras las visitas del funcionario, se establecieron nuevos protocolos, pero el paso administrativo no fue bien implementado. HRW recibió denuncias de condiciones insalubres y acceso limitado a atención médica en algunos centros después de que fueran adoptadas las nuevas medidas.
Entre agosto de 2020 y marzo de 2021, las autoridades de Formosa impusieron un “bloqueo sanitario” en la ciudad de Clorinda. “Como parte de este bloqueo, suspendieron el transporte público y han exigido que todos aquellos que pretendan salir de la ciudad presenten una prueba negativa de Covid-19 y obtengan autorización de la policía. Estas restricciones han obstaculizado seriamente la posibilidad de los residentes de Clorinda de obtener atención médica debido a que el acceso a tratamientos médicos es muy escaso en esa ciudad”, señaló el texto.
“Asimismo, las autoridades provinciales también han limitado la posibilidad de los periodistas de informar sobre la situación en Formosa, habrían usado fuerza excesiva contra las personas que protestaron por las restricciones excesivas por el Covid-19, y detuvieron y procesaron penalmente a algunas de ellas”, cuestionó.
Bajo ese contexto, el senador nacional Luis Naidenoff consideró que “desde lo político” el presidente Alberto Fernández “tendría que dar una explicación” y Pietragalla “debería renunciar”. “Ya cumplió su ciclo”, dijo en diálogo con TN.
