Desde el Ministerio de Seguridad lanzaron una iniciativa que propone un cambio del Código Penal.
Mediante un proyecto de ley el Ministerio de Seguridad propone que la violencia de género se convierta en un delito de instancia pública.
La iniciativa tiene como propósito bajar la tasa de femicidios mediante la optimización de la intervención estatal en casos de violencia contra las mujeres. Desde el ministerio difundieron un fundamento basado en cuatro razones: la violencia contra las mujeres no debe inspirar un sentimiento indiferente al órgano estatal; cualquier delito cometido en el marco de violencia de género debe ser investigado sin excepción; toda violencia contra la mujer tiene que ser atendida desde su génesis; y con esta reforma se prevé la reformulación integral del procedimiento judicial en el cual el fiscal “deberá investigar todo el universo de delitos, desde el más leve al más grave, sin discriminar su relevancia”.
Además, prevé la modificación del artículo 72 Código Penal en relación a los delitos dependientes de instancia privada y la reformulación del recientemente sancionado Código Procesal Penal Federal en el artículo 25 de la ley 27.063 al establecer la exclusión de los hechos cometidos en un contexto de violencia de género.
Los delitos contemplados en una legislación común pueden ser de instancia pública que reciben penalidades más severas dado que su perjuicio comprende a la sociedad en su conjunto. O, sino, están los de carácter privada que en los últimos atañan de manera directa a las víctimas del crimen y carecen de repercusión a escala social: no alteran la paz o la convivencia de la comunidad.
La injuria, la difamación o los daños a la propiedad son delitos de instancia privada. Los homicidios, las violaciones, los robos, las estafas o la falsificación de documentos son de instancia pública. La violencia de género -las lesiones leves, sin discriminar dolo o culpa, y las diferentes formas de los abusos sexuales- es un delito de instancia pública. El ministerio de Seguridad de la Nación quiere cambiar este paradigma.
“Imagínense la situación de una mamá que hace una denuncia porque ve desesperadamente que su hija mayor de edad está inmersa en un círculo de violencia. Pero si después la hija no ratifica la denuncia en la justicia, el caso se archiva. Con el cambio que buscamos, esa dinámica cambia. El Estado podrá tener así herramientas para que no se desestime cada denuncia por violencia de género”, explicó la licenciada Carolina Barone, coordinadora de Ejecución de Políticas de Género.
En 2018, se registraron 500 mil denuncias en las comisarías del país por violencia de género; en 2017, sólo el 16% de las víctimas fatales habían radicado una denuncia en la policía o la justicia; el 89,5% de los casos de violencia de género se comenten dentro de las viviendas.
El proyecto que se presentó ayer, fue redactado por los órganos de políticas de género, lo cotejaron y chequearon el poder ejecutivo y el poder judicial. La iniciativa pretende incorporarse al tratamiento del nuevo Código Penal, pero si éste se demora podrá ser presentado antes para luego anexarse.
Para su implementación estudian un marco regulatorio similar al sistema de protección de testigos, a fin de cuidar a la víctima y disminuir su vulnerabilidad. Obedece a un paquete de medidas más efectivas que la restricción perimetral. Se contempla también una renovación cultural en las dependencias policiales donde se reciben las denuncias y, en muchos casos, donde los mismos efectivos minimizan las exposiciones de las mujeres afectadas.
