Por falta de mérito, la jueza Paula Gonzalez ordenó la «inmediata libertad» para Teresa María Luján Scorza, que había sido arrestada por presunto encubrimiento y torturas.
La Justicia dictó la falta de mérito y ordenó la “inmediata libertad” de la última policía de la Ciudad de Buenos Aires que había sido detenida por presunto encubrimiento y torturas en el marco de la causa por el crimen del joven futbolista de Barracas Central Lucas González.
Se trata de la policía Teresa María Luján Scorza, detenida el 20 de julio pasado por haber sido reconocida mediante fotografías por uno de los sobrevivientes que acompañaban a Lucas González como la persona que lo insultó y amedrentó cuando estaba esposado.
“Hay que tener presente que un reconocimiento por fotografía, practicado a distancia y con herramientas digitales conforma solo una diligencia investigativa, de inteligencia, bastante preliminar si se recuerda que la conectividad se interrumpió varias veces y que por lo general se hace al inicio, no luego de casi ocho meses de instrucción”, replicó la jueza Paula González.
La magistrada dispuso la “falta de mérito” y ordenó “profundizar la pesquisa”, para lo cual ordenó una serie de medidas de prueba, que incluyen secuestros de teléfonos celulares de otros policías que podrían estar implicados en el caso.
Lucas González fue asesinado de un balazo por una brigada de tres policías que presuntamente lo confundieron con un delincuente cuando salía de un entrenamiento en Barracas Central en un automóvil con tres compañeros.
El hecho ocurrió en noviembre del año pasado y hay 14 policías (tres por el homicidio y 11 por encubrimiento) que permanecen detenidos y en camino al juicio oral y público.
Scorza, a través de su abogado, Hernán Pablo Vega, había pedido su sobreseimiento y, en el entretanto, la excarcelación o la prisión domiciliaria para atender a sus dos hijos, de ocho y dos años de edad.
El fiscal del caso, Leonel Gómez Barbella, había pedido su procesamiento con prisión preventiva y otras medidas coercitivas para otras dos policías, pero la jueza rechazó ambos planteos.
Sin embargo, dispuso el secuestro de los teléfonos particulares y de la Policía de la Ciudad de las uniformadas Melina Jeannette Miño y Bárbara Adriana Ojeda, sobre quienes había formulado la imputación el fiscal, para analizar su contenido histórico en relación con el crimen de Lucas González.
