Se trata de los asesinatos del diputado Héctor Olivares y su asesor Miguel Yadón, cometidos hace más de un año. La mayoría de los imputados son integrantes de una misma familia de la comunidad gitana.
A más de un año del doble crimen del diputado Héctor Olivares y su asesor Miguel Yadón en la Plaza Congreso, la Justicia elevó a juicio oral la causa que tendrá nueve imputados. La mayoría de los acusados son integrantes de una misma familia de la comunidad gitana.
Luego de analizar los 37 cuerpos que tiene el expediente (7400 fojas), la fiscal Estela Andrades presentó su requerimiento y el juez en lo Criminal y Correccional N°16, Mariano Iturralde, elevó la causa a juicio y la envió a sorteo.
Los dos principales imputados, y únicos detenidos con prisión preventiva, son los primos Juan José “Mohamed” Fernández, de 43 años, y Juan José Navarro Cádiz, de 26.
La fiscal Andrades pidió que ambos sean juzgados como coautores de “doble homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía y por placer, así como también por el empleo de un arma de fuego, en concurso real con portación de arma de guerra”, delitos para los cuales se prevé la pena de prisión perpetua.
“El homicidio no fue más ni menos que una práctica de tiro sobre dos blancos móviles indefensos, derivada del placer por desahogar el instinto de matar sin otro motivo que el de probar el arma y su mira láser”, sostuvo la fiscal Andrades en su requerimiento, publicado por Télam.
El crimen
El hecho asesinato de Olivares (61 años), y Yadón (58), ocurrió el 9 de mayo de 2019, cuando el diputado radical por La Rioja y su asesor salieron a hacer su caminata matutina habitual alrededor de la plaza.
A las 6.50, al pasar por segunda vez delante de un Volkswagen Vento estacionado detrás de un ómnibus, recibieron varios disparos.
Yadón cayó muerto de tres balazos (uno en el cuello, otro en la axila y el tercero en la pelvis), mientras que Olivares recibió un tiro en el abdomen que lo dejó herido de gravedad: murió tres días después.
Si bien los movimientos de Fernández y Navarro Cádiz, quedaron grabados en videos de 80 cámaras de seguridad que fueron recopilados y analizados por detectives de la División Homicidios de la Policía Federal, en sus indagatorias, ambos reconocieron haber estado en el auto con el arma homicida, una pistola Bersa Thunder calibre.40 con mira láser, aunque se echaron la culpa uno a otro con respecto a quién fue el autor de los disparos.
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De acuerdo al peritaje de barrido electrónico comprometió a Navarro Cádiz, ya que detectó restos de la deflagración del disparo de un arma de fuego en su mano izquierda y en tres de sus prendas: una campera, un buzo y un jogging.
Los otros imputados
La fiscal y el juez Iturralde también enviaron a juicio a otros siete imputados, aunque todos por delitos menores, por lo que están sin prisión preventiva y llegarán libres al debate.
Se trata de las hermanas María Rosa Cádiz Vargas y María Argentina Cádiz Vargas (madre y tía de Navarro Cádiz, respectivamente), junto a Juan Jesús Fernández Cano hijo de “Mohamed” Fernández: quedaron procesados por “tenencia de arma de guerra”.
A ellos se los acusa de haber retirado el arma homicida que había quedado tirada dentro del VW Vento de Fernández ya estacionado en el garaje de Bartolomé Mitre 1444, y trasladarla hasta la casa de Navarro Cádiz, donde se la secuestró.
También quedaron procesados por “tenencia ilegal de armas” encontradas en los allanamientos en sus casas la esposa y el padre del presunto tirador, Rocío Michel Montoya, Miguel Navarro Fernández y Luis Cano.
El noveno acusado, que irá a juicio por “tenencia y suministro ilegal de armas de fuego”, es Luis Felipe Quevedo, un vendedor de antigüedades de la ciudad de Tandil que fue quien le vendió la pistola a Navarro Cádiz.
