Fue a partir del pedido de recurso con efecto suspensivo por parte de la empresa. La resolución fue tomada por la jueza Marta Cirulli
La jueza comercial Marta Cirulli, quien había decretado la quiebra hace diez días, aceptó el pedido de la empresa perteneciente al Grupo Macri y a partir de una resolución quedó con “efecto suspensivo” la decisión hasta que ese recurso obtenga una respuesta.
«En atención a lo resuelto el 6.1.2004 por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sobre el efecto que cabe asignar a la apelación deducida contra el decreto de quiebra en esta causa, me encuentro constreñida a observar el mandato jurisdiccional referido. Por lo tanto, y en consonancia con el temperamento seguido el 25.3.2010 en materia análoga, concédese en relación y con efecto suspensivo el recurso de apelación formulado en el escrito en despacho (LCQ 273, inciso 4), debiendo elevarse oportunamente al Superior con nota de estilo», redactó la jueza Marta Cirulli.
Por su parte, la defensa de los empresarios declaró que «se observaron serios defectos en el decreto de quiebra, que hacen a su nulidad» y calificaron al procedimiento judicial de «absolutamente irregular». Es por esto que indicaron la nulidad de la sentencia «tanto por la falta de competencia de V.S. para expedirse, así como también por la presencia de defectos sustanciales e insalvables de fundamentación y de tratamiento del caso particular».
El decreto de quiebra por parte de la magistrada vino un día después de que el ex mandatario Mauricio Macri denunciara que la causa se corresponde con «una venganza», acusando al gobierno de llevar a cabo una «persecución política» sobre él y su familia. La causa de quiebra cumplió 20 años desde su inicio y en su resolución, la jueza Cirulli había descartado al Estado como «acreedor hostil», tal como pedía la empresa.
Desde la Justicia indican que durante su presidencia, Macri llegó a un acuerdo de pago «abusivo» entre el Estado y la empresa de correo, a partir del cual el grupo Macri se veía obligado a pagar 300 millones de pesos en un lapso de 15 años, con una tasa de interés del 7%. Sin embargo, la jueza Gabriela Boquín decidió rechazar la propuesta ya que era «ruinosa y abusiva» y que «perjudicaba al patrimonio del Estado nacional». Según sus propias palabras, la deuda era de 70.000 millones de pesos.
La empresa finalmente apeló y consiguió que se mantenga con «efecto suspensivo», y considera que el Estado se “apropió de los activos de la compañía” durante el paso de Néstor Kirchner en el gobierno.
