En el proyecto se dejaría sin efecto la prisión preventiva si los medios influyen en la percepción de inocencia de los acusados.
Cinco senadoras kirchneristas presentaron un proyecto de ley que limitaría la función periodística en las causas por corrupción.
La iniciativa propone un “control de convencionalidad” para las prisiones preventivas que anula las detenciones cuando el acusado se sienta involucrado en una serie de supuestos, como la difusión en los medios de las acusaciones en su contra.
El proyecto, presentado por María Eugenia Catalfamo, Ana María Ianni, Nancy González, Ana Claudia Almirón y María Pilatti Vergara, determina que “será declarada nula toda resolución judicial que ordene la detención o prisión preventiva” de los acusados que no estén bajo control del cumplimiento de los estándares establecidos por la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Además, plantea un plazo de 72 horas para que opinen el fiscal y las querellas, y otras 24 para resolver sobre la situación.
“La publicación de contenidos por parte de uno o más medios de comunicación masiva que pudieran haber afectado la percepción pública respecto del principio de inocencia sobre el afectado por la resolución”, indica el proyecto.
Es decir que, si un juez le dicta la prisión preventiva a un acusado en una causa por corrupción el detenido podría pedir su libertad, en el caso de que los medios hubiesen informado sobre ese expediente.
Otras de las causales por las que los detenidos por estas causas podrían pedir la liberación es por la “deficiente implementación de las garantías procesales que regulan la intervención de un testigo protegido o de un arrepentido” y las sospechas sobre “deficiencias en el respeto a las garantías del juez natural por razones intromisión en la asignación de competencias, de designaciones o direccionamiento en los sorteos de jueces”.
Por otro lado, se niega la posibilidad de apelar los fallos que hagan lugar a las nulidades de las preventivas. En cambio, si el juez rechazara el pedido del acusado esa medida sí podrá ser apelada, y deberá resolverse con la velocidad de un habeas corpus.
Las repercusiones
La exministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich, criticó el proyecto y consideró que “es de un autoritarismo total”. “La percepción que puede tener alguien respecto de la inocencia o no de una persona llevaría a limitar la prisión preventiva. Me parece una invención absolutamente fuera de lugar y con un nivel de autoritarismo total”, planteó Bullrich.
Otro de los dirigentes opositores que cuestionó el proyecto fue el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados Mario Negri, quien afirmó que la iniciativa era un “traje a medida para la impunidad”. “Una nueva idea del kirchnerismo. Con una ley hacen que sea casi imposible que un político corrupto vaya preso. Argumentan la incidencia mediática y la persecución política para dejar sin efecto una prisión preventiva. Traje a medida para la impunidad”, escribió el dirigente radical en redes sociales.
Por su parte, Silvana Giudice, exdirectora del Ente Nacional de Comunicaciones durante el gobierno de Mauricio Macri, aseguró que el proyecto es “un borrador de la Conadep del periodismo”. “Ya empiezan a delinear los borradores de la #Conadedelperiodismo con el proyecto para limitar preventivas y censurar la información sobre funcionarios acusados de corrupción”, escribió.
En tanto, el abogado Jorge Rizzo lo consideró como “un abuso” contra el periodismo. “Se trataría de dos conductas delictivas distintas: si alguien dice algo del expediente en un medio de difusión que no sea real o que no corresponde en el expediente no tiene nada que ver con lo que ocurre en ese expediente y se le estaría dando una ventaja al tipo conocido que va preso”, sostuvo en diálogo con serájusticia.net.
Al mismo tiempo destacó que “se podría provocar un caso de censura indirecta contra el periodismo”. De igual modo aseguró: “Yo creo que este proyecto ni siquiera va a llegar a tratarse en el Senado por lo menos en estos términos”.
