La convocó la jueza Loretta Preska después de que la Corte Suprema de EE.UU rechazara el reclamo de Argentina para que el caso se juzgue en Buenos Aires.
Luego de que se conociera el rechazo de la Corte Suprema de Estados Unidos ante el pedido de la Argentina a que el juicio por la expropiación de YPF, ahora la jueza de primera instancia de Nueva York Loretta Preska convocó para el 11 de julio a la primera audiencia entre la el Estado argentino, la empresa petrolera y los demandantes del fondo de inversión Burford, por el denominado Caso Petersen.
En dicho caso, el fondo buitre Burford le reclama al estado argentino un monto que podría llegar a US$3.000 millones como indemnización tras la estatización de la compañía.
Según trascendió de fuentes oficiales hasta el 3 de julio las partes tendrán plazos para la presentación de los escritos relativos al caso. Este será la primera audiencia cara a cara que tendrán los representantes de la Argentina y su demandante y se concretará en el edificio de 500 Pearl Street, sede de los juzgados del Distrito Sur de Nueva York.
De acuerdo a los escritos que presentaron los abogados de la Argentina, los planteos que llevarán adelante para defender el reclamo de que el juicio se haga en Buenos Aires se basan en tres planteos:
– La justicia neoyorquina “carece de jurisdicción debido a las demandas presentadas por Petersen Energía Inversora y Petersen Energía se basan en los estatutos de YPF, de conformidad con la ley argentina (…) y sujetas a la exclusiva jurisdicción de los tribunales argentinos”.
– Adoctrinar “circunstancias modificadas sustancialmente”. Los letrados argentinos afirman que «la Argentina ha identificado a varios testigos clave que ahora están en prisión, acusados o no pueden viajar fuera de Argentina sin una orden judicial”.
– Que “Petersen ya no era un accionista de YPF cuando los actos de Argentina (la expropiación) que dan lugar a la demanda en realidad se produjeron en 2014. El demandante “en 2012 había incumplido obligaciones y sus acreedores habían ejecutado sus acciones de YPF para convertirse en los nuevos tenedores”.
En 2012 el gobierno de Cristina Kirchner estatizó el 51% de YPF que estaba en manos de Repsol. Dos empresas del grupo Petersen, controlado por la familia Eskenazi, eran dueños de otro 25% YPF. Estas dos compañías fueron a la quiebra en 2015 y los derechos de litigio contra el estado argentino fueron adquiridos por el fondo buitre Burford por US$ 15 millones.
