La iniciativa, presentada en Diputados, sostiene que su uso “desnaturaliza” el idioma y obstaculiza la “lectoescritura y la comprensión” para los chicos. Se pretende que no sea usado en los tres poderes del Estado, los actos oficiales y en las escuelas.
Dos abogadas presentaron un proyecto en la Cámara de Diputados para que el lenguaje inclusivo sea prohibido para el uso en los tres poderes del Estado.
“Prohíbase el uso en documentos y actos oficiales y en establecimientos educativos del comúnmente denominado ‘lenguaje inclusivo’, en cualquiera de sus formas (“x”, “e”, “@”, etc.), empleadas para reemplazar el uso del masculino cuando es utilizado en un sentido genérico, así como de cualquier otra forma diferente a la lengua oficial adoptada por la República Argentina”, sostiene el artículo 1 de la propuesta de Cynthia Ginni y Patricia Paternesi, que cuenta con una carta de adhesión del constitucionalista Félix Lonigro.
La iniciativa, que apunta a evitar “alteraciones gramaticales y fonéticas que desnaturalicen el lenguaje”, obedece a la necesidad de eliminar, de acuerdo a lo planteado por sus autoras, “los obstáculos que en materia de lectoescritura se manifiestan por el uso del mismo”.
Las autoras del proyecto consideran que los niños van formando su lenguaje los primeros años de su vida y que “su mala utilización podría no sólo obstaculizar la lectoescritura y su comprensión, sino también significar una barrera para aquéllos que tienen más dificultades”.
Los autores hicieron hincapié en que una de las principales recomendaciones de la RAE es evitar el abordaje ideológico o político de cuestiones estrictamente lingüísticas, cuya opción excede a las instituciones y academias.
“Debe tenerse presente, asimismo, que la utilización de términos masculinos con carácter inclusivo de lo femenino no afecta en absoluto la igualdad entre hombres y mujeres. Como bien se señala, es un hecho estrictamente lingüístico que carece de consecuencias políticas para la visibilidad de las mujeres, el respeto con que son tratadas, o su acceso a los puestos de mayor responsabilidad en todos los ámbitos de la sociedad”, sostienen las abogadas.
Según se aclara en el texto, la norma se aplicaría a “todos los documentos y/o actos oficiales emitidos por cualquiera de los tres poderes del Estado en todos sus niveles, así como a las escuelas de todos los niveles y establecimientos educativos de la República Argentina”.
Argentina no es el único país que plantea este iniciativa ya que Francia ya prohibió el lenguaje inclusivo. Mientras que Chile y Perú, ya cuentan con iniciativas similares en sus congresos.
