Un día después del anuncio del Presidente, se agiliza la recuperación de bienes producto del narcotráfico y de la corrupción.
Un día después de que el presidente Mauricio Macri anunciara la firma del decreto de necesidad y urgencia (DNU) sobre la extinción de dominio la norma fue publicada en el Boletín Oficial, por lo que ya entró en vigencia.
Es el Decreto 62/2019, que está pendiente de aprobación en el Congreso. La resolución determina la recuperación del patrimonio que se presume que proviene de la comisión de delitos graves como corrupción, narcotráfico, trata de personas, secuestro y terrorismo, entre otros, cuyos responsables no puedan probar su origen lícito.
Además, habilita la creación de una procuraduría de extinción de dominio a favor del Estado Nacional (PEDEN) que funcionará dentro de la estructura de la Procuración General de la Nación. Este organismo impulsará las investigaciones preliminares junto con los fiscales, presentará las demandas e impulsará las acciones.
El régimen podrá ser aplicado en forma retroactiva, a bienes comprados a partir de delitos cometidos desde quince años atrás en adelante.
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