Para la CGT “castigar en un derecho laboral no es el camino, y es ilegal”, mientras que la CAME consideró que la postura de la UIA es “un extremo”. Otras apoyaron la postura de la Unión Industrial Argentina.
Después de que se conociera la postura anunciada por la Unión Industrial Argentina (UIA), respecto de la posible suspensión en el pago del salario a quienes no quieran aplicarse la vacunación contra el coronavirus, las repercusiones y opiniones no se hicieron esperar y las diferentes cámaras empresariales e industriales dieron a conocer sus postura a este debate.
Desde la CGT, rechazaron los dichos del presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, y advirtió que “castigar en un derecho laboral no es el camino, y es ilegal”. “Imponer sanciones desde lo que es la relación laboral no solo es ilegal, sino que no coincide con el camino de convencimiento que se tiene que seguir a los fines de lograr la mayor vacunación posible”, sostuvo el secretario de prensa de la CGT, Jorge Sola.
El presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman, consideró que es el Estado quien tiene que regular sobre la vacunación y la vuelta al trabajo, y no las empresas. Así, el empresario salió a diferenciarse del titular de la central fabril: “La Cámara de Comercio tiene un ADN fundamental, que es la defensa de la libertad por sobre todas las cosas. Libertad, solidaridad y responsabilidad. Por lo tanto, cuestiones como prohibir u obligar son tema de un intenso debate en la institución. En ese marco de la libertad, está el tema de los que se quieren vacunar y aquellos que no quieren”.
En consecuencia, Grinman consideró que “el que tiene que regular en este marco no es el empresario de manera particular: es el Estado, para eso está, para regular con los organismos de competencia, como el Ministerio de Trabajo, que puede hacer las mejores evaluaciones”.
#Vacunación | Para la Unión Industrial Argentina (#UIA) no vacunarse implica un “riesgo” para la presencialidad. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez reconoció que las empresas pueden tomar esta decisión. https://t.co/36135GXmmv
— Será Justicia (@serajusticia) August 11, 2021
Por su parte, la UIA, recibió el apoyo de la Asociación de Fabricantes de Componentes (AFAC), cámara de los autopartistas ya que manifestaron que “apoyan todas las gestiones tendientes a regularizar la situación laboral de la mano de los procesos de vacunación, como así también la utilización del transporte público”.
Llamativamente, dentro de la misma cadena automotriz, las terminales nucleadas en la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) aseguraron a BAEnegocios.com que el tema “ni se habló internamente”. En su caso “es todo consensuado con los gremios, tanto SMATA como la Unión Obrera Metalúrgica”.
En la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la Argentina (Adimra) señalaron que es un tema que preocupa, y que conversaron con la UOM. “Una persona que ejerce ese derecho ocasiona riesgos, hay que darle una solución a este tema, pero entendemos que debe haber una reglamentación específica (del Gobierno)”, remarcaron.
En tanto, desde Industriales Pymes Argentinos (IPA), su presidente, Daniel Rosato, indicó: “Consideramos que los trabajadores y las trabajadoras deben concientizarse que la vacuna es necesaria para trabajar en condiciones más seguras. Desde IPA pedimos alternativas para solventar el costo adicional que generan situación de personas de alto riesgo”.
Y agregaron: “Nuestra propuesta es que las ART pasen a cubrir estos casos; las industrias pyme deben encontrar una solución a estos sobrecostos difíciles de sostener”.
A este debate, el abogado laborista, Mario Ackerman, aclaró en diálogo con TN: “El empleador no los puede exigir porque estaria cambiando los términos de contratos. Distinto es una obligación legal que en la Argentina no hay. La vacunación sigue siendo voluntaria”.
