«Estaba en riesgo la integridad de los dos hijos de la pareja, de 8 y 5 años de edad, que presenciaron personalmente las amenazas y golpes con lesiones que el hombre le produjo a la mujer», consideró la funcionaria de fiscalía, Patricia Cárcamo.
A pesar del testimonio de la víctima asegurando que se había reconciliado con su pareja tras dos hechos graves de violencia familiar ocurridos en abril y junio del año pasado en el barrio San Ramón de Rawson, un informe de un equipo interdisciplinario fue determinante para que la funcionaria de fiscalía Patricia Cárcamo convenciera al juez Fabio Monti para que enviara a la pareja de esta a juicio oral y público.
Más allá de la insistencia del defensor, Pablo Sánchez, para evitar el juicio oral en contra del imputado, la funcionaria de fiscalía se opuso inmediatamente.
Sánchez había postulado que se aplique la figura de la reconciliación, ofreciendo un pedido de disculpas del hombre a su pareja y que se monitoree su conducta por el plazo de tres meses. Para eso, aclaró que la pareja se había reconciliado y la víctima estaba dispuesta a aceptar las disculpas para que su pareja no vaya a juicio. La mujer dijo que estaba de acuerdo en esta salida alternativa al juicio.
No obstante, Cárcamo dijo que no era posible esta figura alternativa porque en ambos hechos investigados había existido “intimidación y violencia”. Además, aseguró que se estaba poniendo en riesgo integridad de los dos hijos de la pareja, de 8 y 5 años de edad, que presenciaron personalmente las amenazas y golpes con lesiones.
El informe que leyó la funcionaria destaca que persiste vulnerabilidad en la mujer; que las situaciones de violencia se sucedieron a lo largo de los últimos cinco años; que no alcanza la contención a la mujer que realizan sus padres que viven en las cercanías; que la víctima necesariamente debe tener asistencia psicológica y que los hechos de violencia corren riesgo de repetirse con consecuencias impredecibles, al punto tal que los dos niños han quedado a la guarda de sus abuelos.
Posteriormente, el juez Monti citó aspectos contenidos en las leyes provinciales sobre violencia de género y dijo que, si bien el Estado no puede estar por encima de una decisión acordada entre particulares, era necesario seguir con el proceso penal.
De esta manera, rechazó una solución alternativa del conflicto para este caso y todo quedará supeditado a lo que se conozca en el debate en juicio oral y público, donde la víctima tendrá oportunidad de expresarse a la luz de escuchar a otros testigos de las amenazas y golpes que le propinó el padre de sus hijos.
La imputación es la de amenazas, lesiones agravadas por el vínculo y daños. La representante de la Fiscalía de Rawson adelantó que pedirá dos años y medio de prisión en caso de que un tribunal unipersonal halle culpable al imputado.
Información de El Patagónico.
