El fiscal federal de Resistencia pidió que sea enviada a juicio oral por lavado de activos y asociación ilícita. Ya tiene otra causa en esa instancia por sobreprecios.
La Justicia de Chaco envió a juicio oral y público a la exfuncionaria del Gobierno de Mauricio Macri, Aída Ayala por presunto lavado de dinero y asociación ilícita.
Será el segundo juicio oral para la tres veces intendenta de Resistencia, la capital de Chaco y actual diputada nacional de la UCR, ya que en marzo pasó a esa etapa otra causa por sobreprecios en la compra de herramientas y maquinarias.
Según detalla Infobae, la Fiscalía representada por el fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, entendió que la investigación estaba cerrada y le pidió a la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, que envíe el caso a juicio oral.
Junto con Ayala están procesadas otras 17 personas. La legisladora nacional está acusada de los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de deberes de funcionario público.
Ayala es diputada nacional por Chaco de Juntos por el Cambio desde 2017 y referente de la UCR en su provincia. Fue tres veces intendenta de Resistencia y en 2015 compitió por la gobernación con el peronista Domingo Peppo, quien ganó las elecciones. Durante la presidencia de Macri, fue designada secretaria de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior.
La causa se inició en 2018 por un negociado que desde la intendencia de Resistencia, cuando Ayala estaba al frente en 2014, se montó para beneficiar a la empresa “PIMP SA” con la recolección de residuos en la ciudad. Junto con Ayala serán juzgados Daniel Fischer, exjefe de campaña de Ayala y expareja de su hija, y Jacinto Sampayo, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales.
En su pedido de elevación a juicio, el fiscal Sabadini señaló que como intendenta de Resistencia Ayala “dispuso los mecanismos, personas y empresas que resultaron determinantes para influir en los procesos de licitación lanzados desde el municipio a su cargo” para beneficiar a “PIMP SA”.
“Manejó desde ese lugar cada uno de los procesos, incluso desde antes que los mismos fueran dados a conocer, preestableciendo pautas, condiciones, estructuras, logísticas y todo aquello que pueda imaginarse para que el proceso licitatorio adquiera cierta apariencia de licitud, logrando de esta manera que quienes finalmente resulten adjudicados sean aquellos sujetos que, inscriptos como proveedores, sean de su íntima confianza y fieles a sus intenciones”, agregó en su dictamen.
Por esta causa la ex funcionaria de Macri tuvo una orden de detención que nunca se cumplió por sus fueros como diputada nacional. La jueza Niremperger, a pedido de la Fiscalía, dictó su prisión preventiva porque entendió que había “serios riesgos procesales de que pueda entorpecer la investigación o intentar eludir la acción de la Justicia”.
La decisión fue ratificada por la Cámara Federal de Resistencia pero revocada por Casación en marzo de 2019. Ayala nunca fue detenida porque los diputados del PRO y de la UCR no dieron los votos para tratar el desafuero en la Cámara baja.
