Walter Bento está acusado de ser jefe de una asociación ilícita, de enriquecimiento ilícito, por lavado de activos y por aceptar coimas. La investigación del crimen de Diego Aliaga resultó clave para revelar el entramado que complica al juez. Otros 15 sospechosos también fueron imputados.
Esta mañana se llevó a cabo un allanamientos por la causa donde se investiga a una presunta red de coimas que involucra al juez federal en lo penal y electoral Walter Bento, en Mendoza.
El magistrado fue imputado por ser considerado jefe de una asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y seis hechos de cohecho pasivo (haber aceptado coimas).
La decisión la tomó el juez federal Eduardo Puigdéngolas a partir de las pruebas que recibió durante los últimos meses. Se trata de un hecho inédito para la Justicia Federal mendocina: es la primera vez que se acusa a un juez formalmente por haber cobrado coimas y otros delitos graves.
Las medidas de prueba solicitadas por la fiscalía (allanamientos y rastreo de material que se habría utilizado para cometer los delitos) se hizo con la Policía de Mendoza y sin la participación de la Fuerzas Federales, acaso para evitar las filtraciones que podrían darse a partir del roce continuo que tiene Bento con estas últimas, señaló el portal mendocino MDZ Online.
Se han ordenado, además, otros procedimientos, incluidas detenciones que son el tema del día en los cafés donde desayunan diariamente quienes gastan suelas por los pasillos tribunalicios.
Más imputaciones
También alcanzaron a la esposa de Bento, María Isabel Boiza, bajo los cargos de “enriquecimiento ilícito y lavado de activos”; y a los abogados Martín Ríos, Luciano Ortego y Matías Aramayo. Estos último tres, por el delito de “asociación ilícita y cohecho activo”. Para los investigadores, ellos pagaban la coima y ese dinero -o parte del mismo- después llegaba a Bento.
Todos los abogados quedaron con pedido de detención, al igual que aquellas personas que obtuvieron “beneficios”. También hay una orden de arresto contra Bento, pero no se hizo efectiva por su condición de magistrado.
Cómo empezó la investigación
Las primeras actuaciones judiciales surgieron a partir de los datos obtenidos del celular de una persona detenida en una causa por narcotráfico. Allí, y luego de analizar audios y diálogos, se hizo fuerte la hipótesis que ponía al juez federal en la escena del delito.
En la configuración criminal, apareció un nombre que fue clave en la historia: Diego Aliaga, el exdespachante de aduana devenido a empresario que fue secuestrado y asesinado el año pasado.
Según el expediente, Aliaga cumplía el rol de nexo: aprovechaba su capacidad para socializar en diferentes situaciones y era quien sugería a los imputados en diferentes causas federales la contratación de determinados abogados, y después, a cambio de una onerosa suma de dinero, se podían obtener beneficios.
El asesinato de Aliaga se convirtió en un nuevo caudal de información. Esta vez, Diego Barrera, socio y principal acusado por la muerte del exdespachante, declaró y confirmó la operatividad de esta red dedicada a los beneficios judiciales.
Barrera comentó que Aliaga tenía contactos en la Justicia Federal y que llevaba adelante “roscas” variopintas. Puntualmente señaló:
– “Me da miedo decir esto… pero él sacaba presos del federal, arreglaba y sacaba presos del penal (…) Él ha salvado a muchas personas que hoy están en la calle (…) Diego (por Aliaga) maneja todo en el federal, en la provincia no maneja nada…”.
