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Memorándum con Irán: el fiscal pidió una audiencia oral para que exponga Cristina Kirchner

La resolución se tomó tras el pedido de la vicepresidenta. Ahora, el TOF 8 debe decidir si avanza con el juicio oral o dictamina la nulidad de toda la causa.

A fin de exponer sobre el pedido de nulidad de la causa del Memorándum con Irán, el fiscal Marcelo Colombo aceptó el pedido de la vicepresidenta Cristina Kirchner para realizar una audiencia oral.

Tanto la expresidenta Kirchner como Andrés Larroque, ambos acusados, plantearon la nulidad del caso tras conocerse las visitas de los jueces de Casación Gustavo Hornos y Mariano Borinsky a Olivos y a la Casa Rosada cuando Mauricio Macri era presidente.

Ante la “gravedad de la hipótesis planteada”el fiscal Colombo pidió la realización de la audiencia oral y la necesidad de incorporar información al caso. También pidió incorporar información sobre los ingresos de dos jueces de Casación a Olivos y a la Casa Rosada y sobre las anotaciones del celular del exsecretario privado de Mauricio Macri, Darío Nieto.

Entre otras cosas, el fiscal pidió que se requiera a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación informe si los jueces “Gustavo Hornos y Mariano Borinsky tuvieron ingreso a la Casa de Gobierno”, también al Ministerio de Justicia y/o al Ministerio de Seguridad, durante los años 2015 y 2016. Y requirió a la Casa Militar que informe si ambos jueces tuvieron ingresos a la Quinta de Olivos durante esos años.

Es que los jueces Borinsky y Hornos fueron clave en la reapertura del caso, originado en la denuncia del fiscal Alberto Nisman, cuando había sido desestimado en todas las instancias.
El caso ya fue elevado a juicio y ahora debe resolver el Tribunal Oral Federal 8. La audiencia es clave, ya que será la antesala de una decisión que puede definir que no se realice el juicio oral.

Las defensas sostuvieron que la intervención de los magistrados en resoluciones trascendentales para el proceso, fue efectuada “en violación a la garantía de imparcialidad y juez natural lo que traería aparejado su descalificación como actos jurisdiccionales válidos”.