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Allanaron el PAMI de Morón por desvíos de fondos a centros de jubilados fantasma en Hurlingham

En el operativo se buscaron, entre otras cosas, documentos que acreditaran transferencias por sumas millonarias hacia ese municipio.


La Policía Federal allanó la sede del PAMI de Morón en busca de documentación que avale las transferencias de dinero a centros de jubilados de Hurlingham, debido a sospechas de que algunos de esos lugares son inexistentes y que los fondos son parte de una caja política para financiar a la agrupación La Cámpora.

La orden de presentación, con allanamiento en subsidio en caso de que las autoridades no entreguen la documentación, fue firmada por el juez federal de Morón Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, luego de que el fiscal federal Santiago Marquevich pidió la realización de una serie de medidas de prueba.

La denuncia que motivó estos procedimientos fue realizada por la diputada de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña, a la que sumó un informe televisivo del programa de televisión PPT y una investigación preliminar realizada por la UFI-PAMI, que derivó en estas actuaciones judiciales.

Desde la justicia sospechan que la maniobra puede estar vinculada con el financiamiento de La Cámpora, dado que el intendente interino de Hurlingham, Damián Selci, pertenece a esa agrupación al igual que la titular del PAMI, Luana Volnovich, y su segundo, Martín Rodríguez, que está siendo investigado. Selci reporta políticamente a Rodríguez, jefe de la agrupación de Máximo Kirchner en Hurlingham.

El fiscal federal de la UFI-PAMI, Javier Arzubi Calvo, en 46 carillas, reunió la evidencia que justificaron estos procedimientos. De su investigación resulta que hay sospechas de fraude con fondos del PAMI en los convenios celebrados con la Asociación Civil Centro de Jubilados y Pensionados San Javier, la Asociación Civil Centro de Jubilados y Pensionados Güemes y la Municipalidad de Hurlingham.

El fiscal sospecha de una asociación ilícita, que implica un amplio circuito administrativo, en el que participaron tanto funcionarios públicos nacionales como integrantes de los asociaciones civiles y funcionarios y/o empleados municipales.