Esto implica que no hay elementos para procesarla ni tampoco para sobreseerla.
Una buena noticia para la ex presidenta. La Cámara federal porteña confirmó la falta de mérito que el juez Sebastián Casanello había dictado sobre Cristina Kirchner en “la ruta del dinero K”. Esto implica que no hay elementos para procesarla ni tampoco para sobreseerla.
Sin embargo, ordenaron al magistrado que incorpore al expediente las declaraciones realizadas en la causa de los cuadernos de las coimas por el ex secretario de Obras Públicas José López; el ex contador de los Kirchner, Víctor Manzanares y Juan Manuel Campillo, ex ministro de Economía de Santa Cruz.
Al completar ese procedimiento, los camaristas le solicitaron a Casanello que la ex mandataria sea confrontada con esos dichos, lo que demandará una nueva indagatoria. Mientras tanto, el juicio oral por lavado de dinero a través de “la ruta del dinero K” contra Lázaro Báez, sus cuatro hijos y otros veinte imputados comenzó en octubre del año pasado -y continúa-, pero sin Cristina entre los acusados.
La “ruta del dinero K” es la causa por la que está detenido desde hace tres años el contratista y hombre de máxima confianza del matrimonio Kirchner, Lázaro Báez, y en la que el delito atribuido a los procesados es el de haber “integrado una banda dedicada a lavar dinero entre 2010 y 2013 agravado por la habitualidad”. La investigación inició tras una denuncia realizada luego de la difusión en el programa Periodismo Para Todos de supuestas maniobras para sacar del país unos 60 millones de dólares por parte de un grupo de asesores de Báez, entre quienes se encontraban los financistas Leonardo Fariña y Federico Elaskar.
En el expediente se corroboraron esos hechos, quedando “comprobado el delito de lavado de dinero” a través de la estructura de “sociedades y cuentas bancarias en el exterior que permitieron el blanqueo de por lo menos unos sesenta millones de dólares”.
La causa también certificó que el origen “ilegítimo de los fondos” que se utilizaron para las maniobras de blanqueo corresponde a contratos de obra pública que se investigan en otros expedientes. La misma Sala II de la Cámara ratificó que la ex presidenta, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, otros ex funcionarios y Lázaro Báez, entre otros, conformaron “una estructura paralela al poder estatal para desviar dinero público en favor de su grupo a través de la asignación irregular de obra pública vial a las compañías de Báez.
En otros expedientes también se determinó que una porción de esos fondos fueron derivados al patrimonio de la familia Kirchner a través de otros negocios celebrados con Báez: el alquiler de habitaciones de los hoteles y la administración de los mismos (causa Hotesur) y los contratos de locación celebrados con Los Sauce, la inmobiliaria de la familia Kirchner. La sumatoria en ambos expedientes donde se investigó el lavado de dinero, arroja ingresos a favor de la ex familiar presidencial por más de 50 millones de pesos solo entre 2009 y 2015.
