Impugnan a dos candidatos del Gobierno porteño para la Justicia

Fueron rechazados por “no contar con los antecedentes de formación académica”.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) impugnaron las candidaturas de dos de los candidatos propuestos por el Gobierno porteño para cubrir el cargo de Fiscal General y dos vacantes de Jueces del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires.

Los organismos consideraron que los postulantes, “no satisfacen el requisito de idoneidad ni ofrecen las garantías de independencia necesarias para desempeñar los cargos para los que son propuestos”.

El Gobierno porteño presentó a Santiago Otamendi, actual Secretario de Justicia de la Nación, para cubrir una de las vacantes en el Tribunal Superior de Justicia. En cuanto al requisito de independencia para ejercer el cargo al que es postulado, se destaca que el candidato es actualmente un alto funcionario político dependiente directamente del Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y que participa activamente de acciones de proselitismo del partido de Gobierno.

Además, consideraron que Otamendo “no cuenta con los antecedentes de formación académica y y trayectoria profesional necesarios para ocupar el cargo de mayor relevancia en la estructura judicial de la Ciudad de Buenos Aires”.

Es por dichos motivos, que se considera que la cercanía del candidato con el partido oficialista tanto a nivel Nacional como de la Ciudad, puede condicionar su accionar en el ejercicio del cargo, impidiendo la resolución de sus asuntos sin restricciones y sin influencias.

Juan Bautista Mahiques es el otro candidato impulsado por el Jefe de Gobierno, Rodríguez Larreta, para ocupar el cargo de Fiscal General de la Ciudad. Al igual que Otamendi, es funcionario del Poder Ejecutivo Nacional, como Subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial y la Comunidad Académica y su representante ante el Consejo de la Magistratura.

“Además de carecer de los antecedentes de formación, técnicos o académicos necesarios para un puesto de tanta relevancia, ¡el candidato no tiene la autonomía y la independencia que se requieren para encabezar de manera adecuada el Ministerio Público Fiscal”, justificaron.

Vale destacar que estos cargos revisten una gran importancia para la vida democrática de la Ciudad. El TSJ es el máximo órgano de justicia porteño y tiene la última palabra sobre las causas judiciales en ese ámbito, incluidas las que son contra funcionarios públicos. El Fiscal General, por su parte, es la cabeza del Ministerio Público Fiscal, órgano encargado de promover la actuación del Poder Judicial en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad. Además, tiene a su cargo el diseño de la política criminal y de persecución contravencional y penal.