Boudou deberá pagarle más de $1,5 millones a un empresario por haberlo tratado de “mafioso”

El denunciante es Antonio Ángel Tabanelli quien había sido el titular de Boldt.

El Juzgado Civil Federal 1 resolvió que el exministro de Economía Amado Boudou deberá pagarle un poco más de un millón y medio de pesos a Antonio Ángel Tabanelli, titular de la empresa Boldt, por haberlo tratado de “mafioso”.

El empresario denunció al exfuncionario en 2014, dos años después de los dichos y con varios intentos fallidos para que se retracte. Según Boudou, Boldt lo presionó con el objetivo de quedarse con el negocio de la calcográfica. La empresa tiene negocios vinculados con bingos y hoteles, pero también se dedica a la imprenta.

Cuando se conoció el caso Ciccone en 2012, el exvicepresidente kirchnerista acusó al empresario de haber montado una maniobra para inculparlo. De hecho, en una conferencia de prensa que hizo en el Senado advirtió que el “problema no es Ciccone, sino Boldt”.

Boudou añadió que el entonces titular de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi, le había recomendado que se juntara con los dueños de Boldt y que le “pusiera precio” para terminar con el conflicto por Ciccone: fue cuando el exfuncionario lo trató de “mafioso”.

La jueza Bracamonte analizó la conferencia de prensa y estableció que resulta “evidente que las expresiones de Boudou (esto es, la calificación pública de «mafioso» y la denuncia de una supuesta maniobra de ofrecimiento de dádivas) tuvieron sobrada entidad para lesionar el honor de Tabanelli, en especial si se pondera el contexto en el cual fueron realizadas tales manifestaciones (conferencia de prensa oficial de uno de los representantes de más alta jerarquía del Estado, en sede del Honorable Senado de la Nación y transmitida por cadena nacional)”.

Además, la jueza rechazó los argumentos en torno a la libertad de expresión de Boudou: “La calidad de funcionario público de tan alta jerarquía no amerita que su conducta sea analizada desde una óptica más laxa o tolerante (como resultaría de aplicar la doctrina de la Real Malicia), sino más estricta. Esa conclusión no es caprichosa, sino que se sustenta en lo dispuesto por el art. 902 del Código Civil derogado, que establece que ‘cuando mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos’”.