El juez Luis Rodríguez cerró la instrucción por la supuesta malversación de 265 millones de pesos. También están acusados 16 personas, todos procesados por administración fraudulenta.
El juez federal Luis Rodríguez elevó a juicio oral y público parte de la causa que investiga los negociados en la mina Río Turbio que tiene como principales imputados al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y su principal colaborador, Roberto Baratta.
Junto a ellos, hay otras 16 personas, todos procesados por administración fraudulenta en la gestión de la empresa Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT), ubicada en Santa Cruz. En la causa, se acusó al exministro de Planificación Federal de haber malversado $265 millones.
Por esta causa se encuentra detenido De Vido hace dos años, mientras que Baratta está preso por los “cuadernos de las coimas”. En este expediente se investigó el destino de partidas presupuestarias por $26.000 millones que debían aplicarse a la modernización y puesta en valor de la mina de carbón ubicada en Santa Cruz.
Los 19 imputados están acusados de haber participado de una “maniobra defraudatoria, cuya perpetración se sitúa entre el 14 de enero de 2008 y el 26 de enero de 2016, que consistió en la ilegítima obtención de fondos provenientes del Estado Nacional”.
Para la Justicia, en la maniobra no sólo intervinieron los Servicios Ferroportuarios con Terminales en Punta Loyola y Río Gallegos (Santa Cruz), y la Facultad Regional Santa Cruz (en adelante FRSC) de la UTN y de la “Fundación Facultad Regional Santa Cruz”, a través de la cual fluían los fondos desde Planificación hacia YCRT, sino que también se estableció que se firmaron distintos convenios por 4.866.400.000 pesos, de los que se facturaron 1.379.923.949 pesos, de acuerdo a lo establecido por la Sindicatura General de la Nación.
En consecuencia, el perjuicio a las arcas del Estado Nacional ascendió, “en principio y cuanto menos, a la suma de 176.074.373,92 pesos”.
La causa
Se inició con la denuncia del actual interventor de YCRT, Omar Zeidán (candidato a diputado nacional por Santa Cruz), que puso bajo sospecha el manejo de los 26.000 millones de pesos presupuestados por Planificación Federal para la modernización de YCRT desde 2005 a 2015.
Desde la Subsecretaría de Control del ministerio se disponía la “asignación de fondos y se determinaban las facturas que debían cancelarse”. “Se encuentra acreditado que no se respetó la normativa vigente y se burlaron los principios que rigen toda contratación con fondos públicos”, determinó el juez.
