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El Gobierno pretende aumentar un 35% el presupuesto de la AFI para 2020

El gasto superaría los $3,5 mil millones.

 

 

El Gobierno pretende aumentar el nivel de gasto en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en un 35% para 2020, lo que llegaría a superar los $3,5 mil millones, así como también se incrementaría el porcentaje que ocupa en la partida de Presidencia.

Según el proyecto de Presupuesto 2020 enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, el monto destinado a la AFI el año que viene sería de 3.642.050.336 pesos. En lo que respecta al porcentaje que el organismo espía representa en la partida total de Presidencia de la Nación, el monto de 2019 destina 8,32 puntos, mientras que, de aprobarse la iniciativa oficial, se elevaría hasta alcanzar el 10,69 por ciento.

De acuerdo al artículo 38 bis de la Ley 25.520, “las partidas presupuestarias de los organismos del Sistema de Inteligencia Nacional que el Poder Ejecutivo nacional determine en ocasión del envío al Honorable Congreso de la Nación de la Ley Anual de Presupuesto Nacional, serán públicas y deberán cumplir con las previsiones establecidas en la Ley de Administración Financiera N° 24.156”.

Actualmente, la partida para el organismo dirigido por Gustavo Arribas es de $2.697.715.000, de acuerdo al vigente Presupuesto. Puntualmente, esa cifra está dividida en 1.754.605.000 pesos para la categoría “gastos en personal”; 1.500.000, para “impuestos, derechos, tasas y juicios”; y 941.610.000, para “otros servicios”.

La AFI, organismo superior del Sistema de Inteligencia Nacional, se encarga de “la producción de inteligencia nacional mediante la obtención, reunión y análisis de la información referida a los hechos, riesgos y conflictos que afecten la defensa nacional y la seguridad interior, a través de los organismos que forman parte del sistema de inteligencia nacional; y la producción de inteligencia criminal referida a los delitos federales complejos relativos a terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, ciberdelitos, y atentatorios contra el orden económico y financiero, así como los delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, con medios propios de obtención y reunión de información”.

 

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