El naturalista y exdirector del zoo porteño Claudio Bertonatti y el constitucionalista Andrés Gil Domínguez coincidieron que es un caso de “maltrato y crueldad” animal.
Lo que en principio sería una broma de pésimo gusto entre empresarios argentinos que veranean en Punta del Este desató un escándalo en ambas orillas del Río de la Plata y desembocó en una investigación de la fiscal Ana Dean y de la Fuerza Aérea uruguaya.
El episodio se divulgó a través de las redes sociales donde se compartió un video grabado por un reconocido empresario argentino en el que se ve un animal siendo lanzado desde un helicóptero a la pileta de la casa en José Ignacio en la que éste veranea junto a su familia, que generó múltiples expresiones de rechazo de los usuarios.
La fiscal contó que si bien aún “no hubo denuncia al respecto”, trabaja para reunir elementos “para recabar todos los detalles técnicos del vuelo”. Dean dijo que hasta el momento se le tomó declaración al propietario de la vivienda, Federico Álvarez Castillo, dueño de la marca Etiqueta Negra, quien manifestó a la Policía que “estaba en su casa, con su familia, escucha el estruendo y cuando sale vio que era un cerdo en su piscina”.
Respecto al caso, el naturalista, exdirector del zoo porteño y asesor de la Fundación de Historia NAtural Félix de Azura Claudio Bertonatti consideró que el hecho debería ser condenado por “maltrato y/o crueldad”, como sucedería en la Argentina y opinó que “desde los gestos y actitudes que debemos tener y demostrar en un contexto de crisis de valores”. “Más cuando entre los involucrados hay personas emergentes o conocidas que pueden ser referentes para otras. Y mucho más cuando estamos en un país que no es el nuestro. Es importante que las autoridades de Uruguay esclarezcan el caso para que no se repita”, agregó en diálogo con serajusticia.net.
“En el video que vi pareciera que todo estaba preparado para que el hecho no solo ocurriera sino que fuera filmado por sus co-protagonistas. Entre quienes están dentro de la casa se escuchan risas, lo que llama la atención negativamente porque si no se supiera de qué se tratara la maniobra gestaría preocupación y no, gracia. De todos modos, la mayoría de la sociedad repudia este tipo de malos ejemplos y su difusión ya es una condena para los protagonistas”, agregó.
Por estos hechos, en Uruguay, la Ley 18.741, de protección, bienestar y tenencia de animales, castiga con más de 10 años de prisión a quien quite la vida a un animal doméstico con crueldad. Si bien Bertonatti desconoce si la justicia podría actuar de oficio (sin mediar denuncia formal), consideró que “debería” hacerlo “al menos para esclarecerlo, con necropsia del animal. Si bien esto es un hecho puntual por el estado público que tomó puede servir para dar un mensaje moralizante”.
Por su parte, constitucionalista Andrés Gil Domínguez también consideró que “es un caso de crueldad animal, que lo podría denunciar cualquier persona y lo tiene que investigar la Justicia ordinaria local donde sucedió esto”.
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