Así lo dispuso el juez Alejo Ramos Padilla en la causa por presuntas tareas de espionaje ilegal vinculadas a las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires en 2017.
En la causa en la que está detenido el supuesto abogado Marcelo D’Alessio, el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla citó a indagatoria a los extitulares de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, por presuntas tareas de espionaje ilegal vinculadas a las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires en 2017.
El juez fijó las indagatorias de Arribas para el martes próximo a las 11 y la de Majdalani para el día siguiente. Además, Ramos Padilla trabó una caución de 20 millones a depositar en tres días y ordenó la entrega de sus pasaportes.
La investigación es porque a fines de 2016 desde bases operativas de la AF en el conurbano bonaerense se desplegaron actividades de espionaje en perjuicio de un grupo de personas. Según la investigación, a partir de pruebas en la causa de espionaje y extorsión, se quiso “influir en la situación institucional y política del país, en la vida interna de los partidos políticos y en asociaciones y agrupaciones legales de cualquier tipo; en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad de autor”.
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La acusación parte de la existencia del proyecto AMBA donde la AFI instaló 6 bases operativas para supuestamente combatir el delito pero que se utilizaron para tareas de espionaje político.
Por esta causa, el juez dispuso el procesamiento del exfuncionario de la AFI Pablo Pinamonti por realizar “acciones de inteligencia prohibidas en carácter de coautor” en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad de funcionario público.
Además, Ramos Padilla convocó a indagatoria para octubre a otros imputados en esta parte del caso y amplió los procesamientos al excomisario bonaerense Ricardo Bogoliuk por “realización de acciones de inteligencia prohibidas”.
A este último acusó de “realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de coautor, en virtud de haber obtenido información, producido inteligencia y almacenando datos sobre personas, por el solo hecho de sus acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o comunitarias”.