“No podemos tolerar que las alcaidías y comisarias sigan soportando esta sobreabundancia de gente”, aseguró Alberto Maques. En la Capital aseguran que el Servicio Penitenciario Federal dejó de recibir a los condenados en medio del coronavirus y tienen que alojarlos en comisarías. Hay 400 presos en espera.
Además de la tensión en la relación entre la Ciudad y Nación por la quita de fondos, también surgió otra disputa: el Gobierno porteño advierte que el Estado Nacional les cerró las puertas de las cárceles para alojar a los detenidos y condenados por la Justicia porteña en el Servicio Penitenciario Federal (SPF), controlado por la exjueza e integrante de Justicia Legítima María Laura Garrigós de Rébori.
Frente a esta situación, el presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, Alberto Maques, pidió que se analice la situación: “Desde el inicio de la discusión por el recorte de la coparticipación el Estado Nacional lo que hizo fue cerrar la puerta del ingreso a las cárceles a todos los detenidos y condenados por la justicia porteña”.
Actualmente hay, en total, unos 400 condenados y detenidos con prisiones preventivas que deberían ir a las cárceles federales, según varios convenios que están vigentes, ya que la Ciudad no cuenta con cárceles propias, pero ante la negativa a recibirlos tienen que permanecer en comisarías y alcaldías porteñas que no están preparadas para tenerlos por largos períodos de tiempo, algo que es ilegal ya que “por ley está prohibido tener presos condenados en comisarías”.
En diálogo con serajusticia.net, Maques contó que hay un proyecto que se está llevando a cabo y que está a cargo y costo de la Ciudad que “es una suerte de ampliación de Marcos Paz para aproximadamente 2500 personas pero que por la pandemia está en una situación de parálisis constructiva”.
Además, anticipó que, a mediados de octubre, se inaugurará un edificio propio, en la calle Suipacha al 150, destinado al fuero penal del Poder Judicial de la CABA, donde funcionará una alcaidía “de última generación” para 60 detenidos que será “exclusivamente para los detenidos transitorios de la Justicia de la Ciudad”.
Esta situación con los detenidos en las comisarías lleva a que “unos 700 efectivos de la Policía de la Ciudad estén dispuestos para custodiar a los presos y no en las calles custodiando y previniendo los delitos”.
Poniendo un ejemplo de la mala situación del presente de los presos mención que en la comisaría comunal 12, ubicada sobre la calle Ramallo cerca de la General Paz, se montó “una especie de hospital precario” para tratar a los detenidos que se contagiaban de coronavirus, entre otras dolencias, de los cuales se detectaron 30 infectados con cuadros leves.
Por otra parte, ante la traba del traslado de los detenidos al SPF Maques remarcó que “más del 90% de los presos que corresponde a la Nación y tienen domicilio en la Provincia”, pero que al estar detenidos en la Ciudad por haber cometido en robo en dicho lugar, “su manutención y asistencia” está a cargo de la administración porteña.
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En julio pasado, la jueza Carla Cavaliere instó a que se formara una mesa de trabajo conjunta entre los ministerios de Justicia nacional y de la Ciudad, el Servicio Penitenciario Federal y la Policía porteña, entre otros organismos y tras la decisión judicial, el SPF permitió el traslado de presos que alivió la situación de las comisarías porteñas. Pero duro poco. Desde hace más de un mes, aseguran en la Ciudad, volvieron las trabas. “Pero como todo lo bueno dura poco, y otra vez se apararon en invocar la pandemia. Para cualquier situación que es difícil o de imposible aplicación usamos la pandemia”, aseveró el presidente del Consejo de la Magistratura porteño.
Y al mismo tiempo, pidió ejercer el tema de los derechos humanos con “exclusiva responsabilidad”. “El SPF sabe lo que tiene que hacer y no se puede tomar como bandera política como una cuestión unilateral el ingreso de las personas detenidas. En la Ciudad lo que tenemos es una Justicia que está funcionando y no podemos tolerar que las alcaldías y comisarias sigan soportando esta sobre abundancia de gente”, remarcó.
“La verdad es una sola y está a la vista: lo que tiene que hacer el SPF es otorgar los cupos para el ingreso de las unidades penitenciarias para que entonces de esa manera se termine con una situación que es injusta y atenta directamente contra los derechos humanos”, concluyó.
