Por pedido de la Provincia, el procedimiento, que debía llevarse a cabo este jueves, se haría entre el 15 y 30 de octubre.
Por pedido del Gobierno de Axel Kicillof, en medio de tensión con los ocupantes que no quieren dejar el lugar, la Justicia volvió a postergar el desalojo de las 100 hectáreas privadas tomadas en Guernica. La nueva fecha será entre el 15 y el 30 de octubre.
Si bien el juez de Garantías Número 8 de Cañuelas, Martín Miguel Rizzo, aceptó el pedido, se deberá hacer bajo la condición de ciertos compromisos que la Provincia debe cumplir:
* Que las familias “abandonen el predio de forma voluntaria”
* Que familias “acepten reubicarse nuevamente en su distrito de origen”
* Que se organice “un plan de acción tendiente a la desocupación pacífica de los lotes”, entre otros puntos.
En su resolución de 24 fojas, el magistrado tomó en cuenta el anuncio del gobernador de la provincia de Buenos Aires, quien el jueves 29 de septiembre informó sobre el “Plan Bonaerense de Suelo, Vivienda y Hábitat que prevé la construcción de más de 33 mil viviendas y la delimitación de 91 mil lotes con servicios para resolver el déficit habitacional”.
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Según informó la Provincia, el pedido se fundó en dos hechos nuevos que tienen alta relevancia a los efectos de resolver el conflicto: “Por un lado, el importante nivel de adhesión a la propuesta de desocupación voluntaria en las últimas 48 horas (que alcanza a casi el 20% de las familias) y por otro lado el lanzamiento, en el día de ayer, del Plan de hábitat, vivienda y suelo que brinda instrumentos para sentar las bases de una respuesta de fondo a la deficiencia habitacional de la provincia de Buenos Aires”.
Una vez planteadas las exigencias del magistrado para postergar el desalojo, tuvo en cuenta que el plan de contingencia puesto en marcha por el Estado provincial “viene arrojando resultados positivos en relación no sólo al abandono voluntario de los ocupantes de los predios motivo de litigio, sino a su vez de las necesidades de aquellas personas que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad”.
La toma es en un predio de unas 100 hectáreas que fue ocupado por unas 2.500 familias desde hace unos dos meses y una Mesa de Articulación lleva diez días trabajando para lograr que el desalojo se realice en forma pacífica.
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