El presidente de la Corte Suprema cuestionó el pedido de juicio político de la diputada del Frente de Todos Vanesa Siley por supuesto “mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones”.
Tras las acusaciones de una diputada del Frente de Todos, Vanesa Siley, que pidió su juicio político, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, respondió a esas acusaciones y denunció una “campaña de desprestigio” en su contra a través de acusaciones “infundadas”.
“Una cosa es un juicio político, que apunta a destituir a un juez por incumplimiento de sus deberes, y otra cosa es el juicio motivado por intereses políticos”, escribió Rosenkrantz.
La diputada del oficialismo había apuntado contra el titular del máximo tribunal por supuesto “por mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones”. El pedido de juicio político se basa en el voto de Rosenkrantz en causas de violación de derechos humanos durante la última dictadura militar, y se conoció días después de que el alto tribunal aceptara el “per saltum” de los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruiglia y Germán Castelli.
Bajo ese contexto, Rosenkrantz manifestó de que “distintas personalidades” le “atribuyen falsamente inconductas, irregularidades y delitos de distinta naturaleza”. Es por eso que el presidente de la Corte Suprema rechazó las acusaciones de Siley y dijo que “son completamente infundadas”, ya que no ha “incumplido deber funcional alguno”.
“Me atribuyen falsamente inconductas, irregularidades y delitos de distinta naturaleza”, expresó en un comunicado el titular de la Corte, quien además negó la denuncia por supuestamente tener 70 cuentas en el exterior para cobrar sobornos en paraísos fiscales: “La imputación es falsa”.
Por otra parte, Siley acusó a Rosenkrantz por haber aceptado, en minoría frente al resto de sus colegas, la aplicación del 2×1 en el caso de Luis Mina, un condenado por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar. “Es curioso que se me acuse ahora por la sentencia de ´Muiña´, que fue dictada hace tres años y que también firmaron otros dos jueces. También es llamativo que se me acuse por no ceder frente a las protestas en las calles. En cualquier caso, lo cierto es que, contrariamente a lo que afirma la diputada denunciante, los lineamientos jurídicos defendidos en mis decisiones sobre el ´2×1´ (tanto en “Muiña” como en “Batalla”) encuentran su apoyo en la Constitución Argentina”, dijo.
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“La acusación relativa a mis vínculos ´explícitos´ con la familia Blaquier basada en que mi esposa integra una junta directiva en una ONG sin fines de lucro dedicada a brindar becas a estudiantes secundarios de bajos recursos con alguien que sería el sobrino del imputado es completamente absurda”, reprochó el presidente de la Corte.
De acuerdo a las denuncias de esa índole, el juez informó que convocó para el jueves a una reunión de comisión interpoderes para la Coordinación y Agilización de Causas por Delitos de Lesa Humanidad la cual, según recordó, no se reúne desde 2016. “La promoción del juicio político también menciona imprecisamente presuntos conflictos de intereses que supuestamente me obligaban a excusarme en distintos casos. Nunca intervine en una causa en la que tuviera obligación alguna de excusarme”, agregó.
Por último, se explayó y recordó que en todos los casos adoptó la misma postura: “La diputada cuestiona mi intervención en el expediente ´Amelong´, señala que mi postura priorizó indebidamente la situación de condenados por lesa humanidad. Menciona que se trató de una ‘decisión inexplicable jurídicamente y absolutamente arbitraria y discrecional’ porque durante la feria extraordinaria en virtud de la pandemia resolví unipersonalmente como juez de feria que no correspondía habilitar la feria para tratar ese caso pero habilité unilateralmente que el Tribunal Oral Federal 1 de Rosario revisase si era procedente el otorgamiento de la prisión domiciliaria por ser el peticionante paciente de riesgo por ser grupo de riesgo en el marco de la pandemia”.
