El titular de ese organismo, Félix Crous, firmó una resolución y explicó que es “por falta de personal”. En los expedientes que ya están en juicio, la OA se mantendrá hasta que termine la recepción de la prueba o haya sentencia.
La Oficina Anticorrupción anunció que, por “falta de personal”, dejará de ser querellante en todas las causas penales contra funcionarios y exfuncionarios.
“Habrá de disponerse el desistimiento del rol de querellante en los procesos penales en los que se interviene en tal carácter. Para contribuir al orden de la litis, en aquellos que transitan la etapa de audiencia oral de juicio, se dará cumplimiento a lo aquí dispuesto cuando culmine la recepción de la prueba propuesta por la representación de esta Oficina. En aquellos en que, concluida la audiencia oral, se ha concretado la pretensión punitiva, cuando el Tribunal de juicio dicte sentencia”, señala la resolución que lleva la firma del titular del organismo Félix Crous.
También, se explicó que el retiro no será inmediato en todos los casos, sino que en los expedientes que ya están en juicio, la OA se mantendrá hasta que termine la recepción de la prueba o haya sentencia.
Además, el titular del organismo argumentó que el Estado seguirá representando en los expedientes a través de los fiscales. “La oficina cumple funciones que en buena medida se superponen con las específicas del Ministerio Público Fiscal, especialmente su órgano especializado en la materia, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (art. 25 de la ley 27.148), circunstancia reconocida ya en la ley de creación (ley 25.233)”, dice uno de los párrafos de la resolución.
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La falta de personal no es solo la única explicación que dio la OA sino que también es por “limitaciones presupuestarias”: “Los recursos profesionales de esta oficina han sido asignados de un modo tal que la Dirección Nacional de Litigio Estratégico ha recibido un tratamiento privilegiado en desmedro de su par de investigaciones; y más aún de la destinada a la prevención de la corrupción y la promoción de la integridad y la transparencia”.
En mayo, la OA dejó de ser querellante en el juicio unificado por las causas de Hotesur y Los Sauces, todavía sin fecha de comienzo y donde están acusados la vicepresidenta Cristina Kirchner, sus dos hijos, y los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, entre otros.
El anuncio impulsó un duro comunicado firmado por los referentes Juntos por el Cambio. También hubo una denuncia penal firmada por los legisladores Jorge Enríquez, Graciela Ocaña, Waldo Wolff, Fernando Iglesias y el radical Álvaro de Lamadrid.
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