La iniciativa propone que el mandato del titular de la Procuración General de la Nación deje de ser vitalicio y dure cinco años con posibilidad de reelección por única vez, y que la elección no se planifique en un año electoral.
La Cámara de Senadores debatirá hoy, en sesión especial, la propuesta de reforma a la ley orgánica del Ministerio Público y, a través de ella, la forma de elección y el tiempo de mandato del procurador general de la Nación.
El texto unificado propone que el mandato del titular de la Procuración General de la Nación deje de ser vitalicio y dure cinco años con posibilidad de reelección por única vez, y que la elección no se planifique en un año electoral.
Tras la postergación de la sesión ordinaria de ayer por la muerte del exfutbolista Diego Maradona, los senadores nacionales volverán a reunirse para una sesión especial convocada para las 14.
El oficialismo logró darle dictamen a la iniciativa el viernes durante una reunión de la Comisión de Justicia que preside el kirchnerista Oscar Parrilli, quien motorizó el debate tomando como punto de partida dos proyectos presentados el año pasado por la oposición.
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Luego de que el oficialismo rechazara el pedido de Juntos por el Cambio de retirar esos proyectos, el rionegrino Alberto Weretilneck, aliado del Frente de Todos, presentó uno propio, que sirvió de base para el dictamen que finalmente impulsó la bancada mayoritaria.
La iniciativa propone que la designación del procurador se realice con una mayoría absoluta (37 votos sobre los 72 del pleno) en lugar de la mayoría agravada de dos tercios de los presentes (48 si se sientan todos) que funciona actualmente.
También elimina el mandato vitalicio del procurador y lo acota a cinco años, con una única renovación a propuesta del Ejecutivo, al tiempo que establece que su nombramiento no podrá coincidir con años electorales.
Además, modifica la integración del tribunal de disciplina que define la remoción de los fiscales, que estará integrado por tres representantes del Congreso, uno del Ejecutivo, otro a elección de los fiscales, uno de los abogados y uno de las universidades nacionales.
La iniciativa también otorga mayor facultad de control sobre la actividad del Ministerio Público en el marco de la aplicación del nuevo sistema acusatorio que pasa las investigaciones de los jueces a los fiscales.
