Un grupo de sacerdotes repudió la violación a los derechos humanos por parte del gobierno provincial. Además, un abogado denunció que las personas “no tienen acceso a las necesidades básicas”. Adentro del establecimiento, un médico encabeza una huelga de hambre.
Si bien autoridades de Formosa justifican los centros de aislamiento como “una estrategia sanitaria” para frenar los contagios de Covid-19, se suman más denuncias penales y de habeas corpus a favor de personas confinadas desde hace más de dos semanas en esos centros.
Las primeras denuncias que se hicieron públicas fueron las de las concejalas Gabriela Neme y Cecilia Ruiz Díaz que fueron detenidas, aunque posteriormente quedaron en libertad. También se suma la del concejal Miguel Montoya con una ampliación a la denuncia presentada contra Insfrán por las características de los aislamientos que se incorporará al expediente la detención de Neme y Ruiz Díaz.
Fue el diputado nacional de la UCR, Mario Arce, quien amplió la denuncia ante la Justicia Federal por supuestas violaciones de derechos humanos y desobediencia judicial en el centro de alojamiento preventivo que funciona en el Estadio Cincuentenario.
“No es muy diferente a lo que sucede en el resto de las localidades del interior, donde se registran situaciones de violación de domicilio, abuso de autoridad y detenciones forzadas contra ciudadanos, varios de ellos pertenecientes a comunidades aborígenes que no solo son presionados contra su voluntad en los protocolos que utiliza el Gobierno, sino que también son privados de su libertad y llevados a lugares que no reúnen las condiciones adecuadas”, planteó.
Por su parte, un grupo de sacerdotes repudió la violación a los derechos humanos por parte del gobierno provincial. “Vemos con mucha preocupación que se esta construyendo una comunidad provincial basada en el desprecio al otro diferente, a su cultura, a su pensamiento, a su persona, a su dignidad humana, en el manoseo y ocultamiento de la verdad, y la instauración del miedo”, advirtieron en un comunicado.
“Se están construyendo muros de intolerancia y prepotencia. No es esta la Formosa que queremos”, aseguraron en el texto los sacerdotes Miguel Ángel Rojas, Antonio Caballero, Mario Franco, Francisco Nazar, Mario Bissaro, Ponciano Acosta, Jimmy Ponce, Gabriel Stella, Eduardo Ramos, Marcelo Valsecchi, Edgardo Ortíz, Oscar Cáceres, Lucio Rizzi, Juan Rosasco y Juan Punzo.
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También hay una protesta de Héctor López Cano, un médico que trabaja en el Hospital Central de la ciudad de Formosa en las áreas de urgencias y de terapia intensiva y que lleva cinco días en huelga de hambre por la “arbitrariedad” de su aislamiento. El médico contó en diálogo con La Nación que no pudo ver a su familia durante diez meses y, para hacerlo, en diciembre tuvo que pedir un permiso: “Me hicieron firmar unas vacaciones viciadas de falsedad porque eran por 20 días y debía volver a los diez, para hacer otros diez de cuarentena”.
El abogado Juan Montoya, denunció que esos centros donde están aislados los formoseños “funcionan como cárceles” y que “no tienen acceso de las necesidades básicas”, remarcó en diálogo con TN.
Por su parte, Zunilda Gómez, la mujer que perdió su embarazo de 3 meses y medio por estrés, dijo en declaraciones a TN: “A mí me afectó el encierro por cómo nos tenían encerrados bajo llave. Éramos 5 personas en una habitación. Me llevaron al hospital, me dieron una medicación y después me dieron el alta pese a que perdí mucha sangre. Mis hijos se quedaron solos en el hotel”.
