Amnistía Internacional lanzó una campaña global para pedir a los Gobierno que no se use esta tecnología de vigilancia masiva ya que “afecta fuertemente el ejercicio de los derechos humanos”.
Amnistía Internacional pidió a los Gobiernos que se prohíba el uso de la tecnología de reconocimiento facial debido a que afecta el ejercicio de los derechos humanos.
A través de un comunicado, la organización lanzó una campaña global para pedir que los estados prohíban el uso de estas tecnologías ya que “son una forma de vigilancia masiva que viola el derecho a la privacidad y amenaza los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación, y el derecho a la igualdad y a no sufrir discriminación”.
La campaña Ban the Scan (“Veto al escaneo”, en español) fue lanzada hoy en Nueva York, donde la organización no gubernamental, junto a un conjunto de organizaciones, reclama la promulgación de una ley que prohíba que los organismos oficiales utilicen tecnología de reconocimiento facial para vigilancia masiva en la ciudad.
En Argentina, en octubre del 2020, Amnistía Internacional y diversas organizaciones de la sociedad civil se manifestaron en contra de la reforma de la Ley 5.688 del Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, que proponía la incorporación del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos.
Sin embargo, en octubre de 2020, la Legislatura de Buenos Aires aprobó la reforma y legitimó el uso de tecnologías que legitiman la vigilancia masiva en el espacio público, a pesar de las preocupaciones de la sociedad civil.
Para Amnistía, el uso de reconocimiento facial es una tecnología “desproporcionada” que recolecta datos sensibles y vulnera la presunción de inocencia y el debido proceso ya que las personas son consideradas sospechosas hasta tanto se analizan sus datos biométricos y se concluye que son inocentes.
“Asimismo, se ha demostrado que producen errores que menoscaban el derecho a la igualdad y pueden llevar a la criminalización de personas incorrectamente identificadas. El uso de estas tecnologías puede generar un efecto inhibidor y desincentivar gravemente formas de disidencia dificultando el ejercicio del derecho a la libertad de reunión, la libertad de asociación y la libertad de expresión”, agregó.
