El material proveniente desde Brasil incluye la “delación premiada” del exvicepresidente para América Latina de Odebrecht, Luiz Antonio Mameri, y registros de transferencias bancarias que se canalizaron a través de sociedades offshore y cuentas en paraísos fiscales.
La Justicia de Brasil envió a la Argentina pruebas de cómo el gigante Odebrecht y sus socios en el proyecto para soterrar las vías del tren Sarmiento pagaron sobornos al círculo íntimo, que involucra al por entonces ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, con el lobista Jorge “Corcho” Rodríguez como intermediario.
Según informó La Nación, la información enviada incluyen la “delación premiada” del exvicepresidente para América Latina de Odebrecht, Luiz Antonio Mameri, como así también registros de transferencias bancarias que se canalizaron a través de sociedades offshore y cuentas en paraísos fiscales.
El material ya están en las manos del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y del fiscal a cargo de la investigación, Franco Picardi, quien se convirtió así en el único integrante del Ministerio Público Fiscal argentino que logró acceder al material sobre los sobornos pagados en la Argentina.
Las pruebas que se dieron a conocer en las últimas horas y se encontraba en Brasil, ya estaba a disposición de la Justicia argentina desde hace casi cuatro años, pero “trabas burocráticas” e “incompatibilidades en las legislaciones de ambos países” complicaron el envío formal de todas las pruebas.
“Yo autoricé retornos identificados hasta el momento por el valor de 2,9 millones de dólares”, reconoció Mameri el pago de sobornos ante los fiscales brasileños. La premisa, según Mameri, fue clara. Si querían operar en la Argentina, les comunicaron en Buenos Aires, debían acatar las reglas locales. Y esas reglas incluían cartelizarse y pagar coimas. “En el caso de que la empresa no aceptase esas condiciones, quedaría fuera del proceso licitatorio”, afirmó.
El exvicepresidente para América Latina de Odebrecht, identificó a dos argentinos como supuestos intermediarios: Javier Sánchez Caballero, un ejecutivo de la constructora Iecsa, por entonces de Ángelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri, y el lobbista Jorge “Corcho” Rodríguez.
Según Mameri, el mensaje que recibieron de los argentinos fue que “no bien el consorcio [ganador del proyecto para soterrar el Sarmiento] empezase a recibir pagos por los servicios prestados, el consorcio debía realizar esos retornos”, en una dinámica de ida y vuelta entre los cobros de los certificados de avances de la obra y los pagos de las coimas.
Ante los fiscales brasileños, sin embargo, y lejos de esquivar culpas, Mameri confesó que él autorizó esos retornos, sobre los que buscó documentación interna y encontró evidencias por US$2,9 millones, que entregó a los investigadores brasileños del equipo “Lava Jato” y verificó con su subalterno en Buenos Aires.
Tras la muerte de Néstor Kirchner, en octubre de 2010, sin embargo, y al igual que pasó con las coimas del proyecto para extender las redes troncales de gasoductos, Odebrecht informó a la Justicia brasileña que detuvo los retornos hasta verificar cuál sería la impronta que seguiría el gobierno de Cristina Kirchner.
