Se trata de toda la documentación relacionada con el atentado a la mutual judía existente en la Administración Pública Nacional, incluida la proporcionada por el área de inteligencia.
El presidente Alberto Fernández ordenó a través del decreto 213/2020 la desclasificación «absoluta de la totalidad de la información y documentación» suministrada por organismos de Inteligencia sobre el atentado a la AMIA en 1994.
Se trata de toda la información «brindada desde el Estado Nacional para los procesos judiciales que ya cuentan con sentencia, relativos al atentado perpetrado contra la AMIA, su encubrimiento y demás delitos conexos, incluyendo los legajos de investigación y la totalidad de la información brindada desde el Estado Nacional en las audiencias de los juicios realizados, permitiendo que las mismas trasciendan el ámbito oficial».
En la disposición publicada en el Boletín Oficial, se recordaron los decretos de años anteriores por los cuales se resolvieron «diversas medidas para poner a disposición del órgano judicial correspondiente información de relevancia producida en diversas dependencias estatales sobre el atentado perpetrado contra la AMIA, en particular en la hoy denominada Agencia Federal de Inteligencia (AFI)».
La situación «afecta a la sociedad en su conjunto, ya que sin duda alguna existe una vinculación inescindible entre democracia, derechos humanos y verdad, que el Estado debe sostener en sus acciones», considera el decreto y agrega que «el derecho a la verdad implica la obligación del Estado de esclarecer, investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables de violaciones a los derechos humanos, así como también de garantizar el acceso a la información relativa a ellos que se encuentra» en el Estado.
Además de otorgar el «carácter de público» de esa información el jefe de Estado dispuso que se tomen los «recaudos pertinentes» para resguardar la identidad de los agentes que declararon en los procesos judiciales y «toda la información y documentación relativa a representantes de otros países, en particular respecto de la identidad de los agentes de inteligencia extranjeros».
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