El Presidente respondió a quienes le piden que intervenga en los casos de corrupción que están en trámite e involucran a exfuncionarios kirchneristas. “Si quieren indultar a los procesados, eso es una amnistía y depende del Congreso, no depende de mí”, aseguró.
Al ser consultado sobre la posibilidad de concederle un indulto a exfuncionarios que están condenados por delitos de corrupción, el presidente Alberto Fernández reiteró que no lo hará, pero hizo una diferencia con respecto a quienes se encuentran procesados en causas penales.
“Si quieren indultar a los procesados, eso es una amnistía y depende del Congreso, no depende de mí”, señaló en diálogo con Radio Con Vos y agregó: “A la palabra le asigno un valor central y yo hice campaña diciendo que los jubilados no iban a pagar más los remedios y lo cumplí, prometí la ley de interrupción de voluntaria del embarazo y lo cumplí, y dije que no iba dictar indultos y lo voy a cumplir”.
Según remarcó, el indulto “es una rémora monárquica que quedó en la Constitución”. “Era un derecho que tenían los reyes de perdonar a quien había sido condenado y en esos términos se transfirió a la Constitución, que impone algunas limitaciones. El Presidente puede indultar a los que han sido condenados, por lo tal no borra la condena. Si quieren indultar gente que está procesada, no existe ese instituto, eso es una amnistía y depende del Congreso, no depende de mí. Para que haya indulto, tiene que haber alguien condenado”, explicó.
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Bajo ese panorama, el Presidente volvió a apuntar contra la Justicia durante la gobierno de Cambiemos y consideró que los procesos “están colmados de irregularidades”. “Y yo lo que pido es que la Justicia revise lo que pasé en estos cuatro años porque hay cosas que no están bien”, completó.
Amado Boudou, Luis D’Elía, Julio López, Guillermo Moreno, Ricardo Jaime y Milagro Sala son algunos de los dirigentes que ya tienen condenas judiciales por diferentes delitos. Otros exfuncionarios como Julio De Vido y la propia vicepresidenta Cristina Kirchner se encuentran procesados y podrían ser objeto de una amnistía en los términos que plantea el titular del Poder Ejecutivo.
Por otra parte, también opinó sobre la polémica en la que se vio envuelta la titular del INADI, Victoria Donda, quien fue denunciada por haberle ofrecido un plan social o un puesto en el Estado a una exempleada doméstico con la que se encontraba en litigio. “No tiene que ver con su naturaleza querer sacar ventajas de su puesto en el Estado”, la defendió.
