El Presidente encabezará la entrega de los premios Juana Azurduy en el Museo del Bicentenario, en la víspera de un nuevo aniversario del último golpe de Estado. La Justicia ya lleva más de 1.000 condenas a represores durante la última dictadura militar entre 1975 y 1983.
A un día de cumplirse 45 años del último golpe militar en la Argentina, el presidente Alberto Fernández homenajeará en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada a Abuelas y Madres de Plaza de Mayo.
El jefe de Estado hará entrega a 70 integrantes de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo del premio “Juana Azurduy a la Lucha por la Defensa de los Derechos Humanos” para reconocer su “lucha por la `Memoria, Verdad y Justicia´”.
El reconocimiento fue creado el pasado sábado a través del Decreto 188/2021. Las referentes de los derechos humanos que recibirán el premio son Estela de Carlotto, Delia Giovanola, María Luisa Bertrans de Barahona, Buscarita Imperio Roa, Rosa Tarlosvky de Roisinblit, Alba Rosa Lanzillotto, Yole Oppezzo, Sonia Herminia Torres, Carmen Ledda Barreiro, Emilce Noemí Flores, Ángela Victoria Barilli de Tasca, Lidia Margarita Villalba, Catalina Petrona Izaguirre de Peralta, Nilda Ana López de Cagnola, Inocencia Luca de Pegoraro, Vera Malamut de Grinberg, Adela Teresa Piovani de Libralato, Hebe de Bonafini, Azucena de Tajan, Carmen Arias, Evel de Petrini, Irene de Chueque, Josefa de Fiore, Mercedes de Meroño, Rosa de Camarotti, Sara Mrad, Visitación de Loyola, Lydia Miy Uranga (Taty Almeida), Carmen Lorefice, Elia Espen, Laura Jordán de Conte Mac Donell, Carmen de Lareu, Enriqueta Rodríguez de Maroni, Nora de Cortiñas, Mirta de Baravalle, María Sara Laskier Rus, Haydee Gastelu de García Buela, Clara Burzny de Weinstein, Vera Vigevani de Jarach, Carmen de Cobo, Aida de Sarti, Ángela Paolin de Boitano, Irma Scrivo de Morresi, Herenia Sanchez de Viamonte, Alba Zunilda Isolina, Carmen Ramiro de Guede, Rosario Cerrutti, María Assof de Domínguez, Inés Ragni, Marta Tamiz de Gómez, Miriam Rosenberg, Yolanda Torres, Josefa Pepa Pusek de Galván, Beatriz Castillo, Beba Cuello de Arias, Sara Coca Luján de Molina, Mercedes Toloza de Bustos, Marcela Brizuela de Ledo, Luisa Torres de Toledo, Pabla Pituca Avendaño, Angélica Caterino de Castro, Zulema Esquivel de Perié, Hildefonsa Castellano de Sanchez, María Rech de Cazorla, Otilia Acuña de Elías, Olga Barrera de Suarez, Blanca de Vicente, Olga de Zurita, María Martínez de Canfaila y Sara Monzón de Gómez.
A 45 años, ¿cuántos represores fueron condenados?
La Justicia ya lleva más de 1.000 condenas a represores por los crímenes cometidos durante la última dictadura militar entre 1975 y 1983, etapa que el gobierno militar de facto denominó “Proceso de Reorganización Militar”.
El dato surge de un informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, que consignó que hasta fines del año pasado habían sido imputadas 3.448 personas y se habían dictado 250 sentencias, en las que resultaron condenadas 1.013 personas (276 de ellas con al menos un fallo firme) y absueltas 164.
Del total de investigados, 904 fallecieron en los años de procesos, de los que 692 lo hicieron antes de obtener sentencia y 212 tras ser condenados o absueltos. A la vez, 25 personas acusadas de crímenes de lesa humanidad están prófugas y su captura tiene precio: el Estado ofrece el pago de recompensas de entre $500.00 y $1 millón (de 5.600 a 11.200 dólares).
El camino hacia la verdad y la justicia se abrió a partir del Juicio a las Juntas militares en 1985, que condenó a la plana mayor de la dictadura. También se abrieron causas contra cientos de mandos inferiores, pero este proceso se interrumpió con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que impulsó el ex presidente Raúl Alfonsín entre 1985 y 1986 y que impidieron el juzgamiento o ejecución de las condenas contra represores.
El pacto de impunidad se perfeccionó con la llegada a la presidencia de Carlos Menem, quien firmó indultos a favor de los militares del régimen que cometieron crímenes de lesa humanidad.
Recién en 2005, durante el mandato de Néstor Kirchner, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de las “leyes de impunidad” del alfonsinismo y los juicios se reanudaron.
Hasta el momento, fueron condenados 1.013, y en los últimos años creció el número de pedidos de prisión domiciliaria, la mayoría por la avanzada edad de los acusados, algo a lo que se sumó en 2020 el argumento de la posibilidad de contraer coronavirus en la cárcel.
