El presidente habló luego del enojo por parte de los jueces por los cambios en el régimen especial de jubilación del Poder Judicial.
En medio de las polémicas por las jubilaciones de privilegio, el presidente Alberto Fernández ratificó su intención de reformar el régimen especial de jubilación del Poder Judicial.
Al mismo tiempo, el jefe de Estado subrayó que no es “una guerra santa” contra los jueces, pero se quejó de que los magistrados lo “amenacen” diciendo que van a declarar inconstitucional la norma.
“La Constitución dice que el Estado debe garantizarle la intangibilidad de los ingresos a los jueces, que hoy en día fijan sus propios sueldos y se fijaron sueldos interesantes. Pero la intangibilidad tiene que ver con los jueces que imparten justicia, que están en funciones”, sostuvo Fernández.
En una entrevista radial, el presidente afirmó que “lo único” que plantea el Poder Ejecutivo con el proyecto enviado al Congreso es que las jubilaciones de los miembros de la Justicia “sigan la lógica de todo el mundo”.
“El 82% móvil que cobran lo hacen sobre el bruto, por lo que en verdad cobran el 92%. No tengo un problema con los jueces, lo único que quiero es poner un poco de igualdad en el sistema que no es igualitario. No estamos planteando una guerra santa contra los jueces”, remarcó.
También rechazó las críticas y advertencias que hicieron distintos miembros del Poder Judicial, anticipando que si la iniciativa se convierte en ley, van a declararla inconstitucional. “No me parece feliz que los jueces me amenacen diciendo `ya le aviso que si me tocan la jubilación, yo lo voy a declarar inconstitucional´”, concluyó Alberto Fernández.
Hace una semana el Gobierno envió un proyecto para modificar las jubilaciones del Poder Judicial y, rápidamente, numerosos magistrados salieron al cruce de la iniciativa. El texto que envió el Ejecutivo a la Cámara de Diputados prevé reducir las jubilaciones de los magistrados, que hoy perciben el 82% móvil del salario que cobrarían si estuvieran en actividad.
Según la nueva iniciativa, los magistrados cobrarían el 82% sobre el promedio de lo que cobraron durante los últimos 10 años, lo que equivaldría a aproximadamente un 60% del sueldo de un juez en actividad.