Los miembros de la agrupación habían sido liberados por orden de la Cámara Federal porteña al considerar no había elementos para pensar que podrían fugarse.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi procesó sin prisión preventiva a los cuatro miembros de Revolución Federal, Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile. Estaban acusados de llevar a cabo un plan criminal que tuvo como objetivo imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza o el temor.
El magistrado los procesó por los delitos previstos en el artículo 213 bis del Código Penal, que prevé penas de hasta ocho años de prisión, y advirtió en su fallo que las conductas atribuidas a los imputados quedan por fuera de la protección constitucional de los derechos a la protesta y a la libre expresión de ideas, pues exceden el ejercicio de la libertad de expresión.
El juez, además, les trabó embargos sobre los bienes hasta cubrir el monto de nueve millones de pesos, según surge del fallo.
«Se considera materialmente acreditado que, a través de esta organización, los/as imputados/as llevaron a cabo un plan criminal, que tuvo por objeto imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza o el temor», sostuvo Martínez de Giorgi en la resolución.
«Así, generaron el impacto deseado de incitar a la violencia colectiva en un número indeterminado de personas que pueden acceder libremente a las redes sociales mencionadas», ratificó el magistrado.
Para los investigadores, la finalidad de los actos desarrollados por Revolución Federal «fue incitar permanentemente a la renuncia de los personajes públicos escrachados, mediante propaganda de contenido violento y el activismo social convocado».
En su fallo, el juez destacó «la distribución de folletería y la utilización de determinadas insignias o lemas tales como »Van a correr» o »Todos presos, muertos o exiliados», etc., replicados en forma masiva en distintos medios y redes sociales».
