Desde 2020 está con prisión domiciliaria. El exministro tiene una condena firme de 5 años y 10 meses de prisión por el caso Ciccone Calcográfia.
La defensa del exvicepresidente Amado Boudou volvió a insistir ante la Justicia para mantener la prisión domiciliaria que goza desde principios del 2020, luego de que quedara firme la condena de cinco años y diez meses de prisión por el caso Ciccone Calcográfia.
Sus abogados, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, apelaron la decisión que en diciembre pasado dispuso el juez Daniel Obligado, por pedido de los fiscales del caso, para que el exministro de Economía vuelva a la cárcel a seguir cumpliendo con la pena.
Obligado es el mismo que había concedido el arresto domiciliario porque en su momento la condena no estaba firme y porque había considerado que por la pandemia había un estado de vulnerabilidad de los dos hijos de Boudou.
Pero dicho juez fue reemplazado por Ricardo Basílico ante quien la defensa del ex ministro de Economía interpuso el recurso para que eleve a Casación y sea este último tribunal el que defina la situación respecto a la prisión domiciliaria.
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Luego de que a fin de año la Corte Suprema de Justicia dejara firme la condena, los fiscales del caso reclamaron que Boudou vuelva a la cárcel y a fines de diciembre pasado el juez Obligado revocó el beneficio y estimó que una vez que su decisión quede firme el ex vicepresidente vuelva a la cárcel.
La condena sobre Boudou por dádivas y negociaciones incompatibles con la función pública en la causa Ciccone Calcográfica era de cinco años y diez meses de prisión, y ahora el exvicepresidente goza de prisión domiciliaria tras ser beneficiado por el propio juez Obligado quien consideró que en su momento el fallo no estaba firme y había una situación de pandemia.
Pero a fines de 2020, la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena y Obligado luego de dilaciones terminó revocando la prisión domiciliaria, pero la misma fue apelada y está a estudio de la Cámara de Casación Penal.
Los cursos realizados por Boudou son de organizador de eventos y otro un taller de filosofía, y poco antes de finalizar la subrogancia, Obligado aplicó el beneficio del “estimulo educativo” previsto en la Ley 24.660.
Basándose en ello, los abogados de Boudou pidieron una reducción de 20 meses, el máximo que establece la norma y sobre eso también insistirán los próximos días ante la Cámara Federal de Casación Penal.
