Le dio 72 horas al Procurador y 48 horas a la Ciudad para que cada uno responda sobre una documentación. Además, desestimó el pedido de Carlos Zannini para convocar al Axel Kicillof como parte involucrada en el amparo presentado por Horacio Rodríguez Larreta.
Tras la presentación del Gobierno Nacional para que se cumpla con el decreto para que suspender las clases presenciales, la Corte Suprema de Justicia pidió la opinión de la Procuración General de la Nación. De esta manera, se extienden los plazos para su definición.
El Máximo Tribunal le dio un plazo de 72 horas a la Procuración, a cargo de Eduardo Casal, para que opine si debe suspenderse o declararse inconstitucional el decreto de necesidad y urgencia, como planteó la Ciudad, al considerarlo violatorio de la autonomía porteña.
En tanto, la Corte le dio un plazo por 48 horas a la Ciudad de Buenos Aires para responder. Se trata de informes técnicos del Ministerio de Salud donde se valora la incidencia sanitaria que tuvo la reapertura de las escuelas.
Por otro lado, el Máximo Tribual también decidió no se admitir en el juicio a la provincia de Buenos Aires, como lo reclamó la Procuración del Tesoro a cargo de Carlos Zannini. La Corte entendió que no se justifica “una comunidad de controversia que habilite la intervención prevista en el art. 94 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, y por eso desestimó la “citación obligada de tercero de la Provincia de Buenos Aires allí solicitada”.
Tal como están las cosas, y aún cuando la procuración responda hoy, la Corte solo tendría tres días hábiles para dictar una sentencia, antes de que el decreto pierda vigencia, ya que las restricciones de las clases presenciales se extienden hasta el viernes 30 de abril.
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